Select Page

LA CRISIS DE UN SISTEMA PENITENCIARIO

Ana Karla González Lobo

El sistema penitenciario mexicano desde hace varias décadas atraviesa serias crisis relacionadas con la sustentabilidad y las violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Esta situación es una preocupación humanitaria muy grave y actualmente está afectando a diversos territorios y a distintos sectores en la sociedad. Esto generalmente se debe a que cuando una sociedad es golpeada por la delincuencia, la respuesta de los Estados ha sido por mucho tiempo el incremento de las penas de prisión, que lleva al uso desmedido de la misma pena, una medida que afecta al sistema penitenciario no sólo en México sino también en Latinoamérica y en varias prisiones del mundo (González 2013: 3); por ejemplo, en una base de datos del año 2010 con cifras comparativas internacionales en porcentajes respecto a la ocupación penitenciaria, se busca representar esta problemática en 151 países, en donde los países africanos registran los valores más graves, y los latinoamericanos figuran a partir del lugar número 16, situando a México en el lugar 58 (Zepeda, 2013: 34).

Se estima que en mayo de 2011 las instituciones penitenciarias en todo el mundo contenían a más de 101.1 millones de personas, incluyendo personas sentenciadas y personas en prisión preventiva; esto significa que en ese momento por cada 100,000 habitantes 146 personas se encontraban en prisión, y con esta variable se determina que las poblaciones en las prisiones crecieron a nivel mundial entre los años 2008 y 2011.1 Esto ha desencadenado problemas como sobrepoblación y hacinamiento, que propician a su vez una falta grave de aplicación de medidas de seguridad, violencia entre los reclusos, falta de provisión de servicios básicos como una buena alimentación, condiciones de higiene, salud, una clara ausencia de medidas efectivas para la protección de personas privadas de su libertad en alguna situación de vulnerabilidad, falta de programas educativos y laborales, corrupción y autogobiernos.

En los últimos cinco años la población en el sistema penitenciario mexicano ha crecido 35.06%, y actualmente la sobrepoblación en la tasa nacional es de 18.47%; ahora bien, hay que destacar que la sobrepoblación es mucho mayor en algunas entidades a diferencia de otras; el Estado de México, por ejemplo, al cierre del año 2015 presenta 169.61% de sobrepoblación, seguido de Nayarit con 150.72%, mientras Yucatán ha ido disminuyendo la población penitenciaria en los últimos cinco años, lo que lo coloca actualmente como la entidad con menor población penitenciaria en el país, presentando una ocupación de sólo 52.47% de su capacidad (cni, 2015).

Por otra parte, estas tasas de sobrepoblación no indican que los gobiernos de las entidades estén haciendo un buen uso de la prisión, hay que destacar que la respuesta de varios de estos es incrementar los espacios en prisión, de tal forma que Chihuahua muestra una sobrepoblación de 8.81%, sin embargo su capacidad penitenciaria es de 7,616 personas, es decir, 2,348 espacios menos que los que tiene el Estado de México, y 6,224 más que los del estado de Nayarit, lo que ubica al estado de Chihuahua en el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de personas en reclusión (cni, 2015).

En el caso de Jalisco, se está reportando una población penitenciaria de 17,549 al cierre de 2015, lo que lo coloca en la tercera entidad con mayor número de personas en reclusión, y en el quinto lugar en sobrepoblación con 71.59%. Sin embargo, es de destacar que de los doce centros penitenciarios estatales, la mitad tienen sobrepoblación y la otra mitad no, siendo los casos más alarmantes el Centro de Reinserción Social y el Reclusorio Preventivo, con 210.40% y 103.39% de sobrepoblación respectivamente, que se traducen en 4,391 y 3,754 personas más de las que estos centros pueden albergar (cni, 2015).

Es importante mencionar que la sobrepoblación obliga a que decenas de miles de personas vivan largos periodos en alojamientos congestionados, sin espacio suficiente para moverse, sentarse o dormir, comprometiendo así la capacidad de la administración para cubrir las necesidades básicas de los internos de las prisiones, y por lo tanto, ocasiona que la situación de una persona privada de su libertad se torne peor, porque de forma directa e inmediata esto termina por impactar su dignidad, menoscaba su salud física y mental, y limita sus posibilidades de llevar una vida digna extramuros (Atabay, 2013: iii), pues hay que destacar que la prisión sólo les debería limitar la libertad como sanción y no todas las demás restricciones a las que son sujetadas.2

Si estas condiciones no se cumplen, entonces se constituyen los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y mientras exista esta sobreocupación en las instalaciones que alojan a los reclusos, seguirán existiendo los peligros de actos violentos dentro de las prisiones, abusos de las personas más fuertes hacia las más débiles, y otras formas muy negativas de enfrentar sus conflictos, aliviar sus tensiones y romper con la monotonía, lo que representa un riesgo latente porque se pueden desencadenar eventos aún más graves, como motines y autogobierno, y por ende violaciones graves a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, mismos que ampliamente están protegidos en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, entre otros.

Así surge la pregunta ¿Cómo se logrará que las personas puedan ser reinsertadas en sociedad bajo estas circunstancias, y evitar que reincidan en conductas delictivas, si por principio de cuentas no existen las condiciones necesarias para salvaguardar su seguridad y su integridad física?

Con las reformas constitucionales de los años 20083 y 20114 en materia de Justicia Penal y en materia de Derechos Humanos, respectivamente, se pretendía atender los problemas de inseguridad, de confianza en las instituciones y la crisis que atraviesa del sistema penitenciario mexicano; uno de sus puntos más importantes fue limitar las facultades de las autoridades en las prisiones únicamente a la administración, con el fin de que la ejecución de la pena, su cumplimiento, modificación o revocación sean funciones exclusivas del Poder Judicial para garantizar que los procesos en esta etapa sean más apegados a los derechos humanos y por ende, a los principios fundamentales del debido proceso. La otra parte importante de la reforma es que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se haga un uso moderado de la prisión preventiva y por lo tanto, una despresurización del sistema penitenciario.

En ese sentido, ambas fórmulas ayudarían a que centros penitenciarios como el Centro de Reinserción Social y el Reclusorio Preventivo disminuyan su población; sin embargo, a pesar de que la figura de juez ejecutor ya opera en Jalisco, no se ha visto que ésta ocasione algún impacto en la disminución de las personas sentenciadas, y en lo que respecta a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, no se puede hablar de ningún resultado porque éste no termina por establecerse en todo el estado de Jalisco, por lo tanto, tampoco hay cambios en lo que se refiere a las personas en prisión preventiva.

Por otro lado, hay que establecer que para combatir cualquier problema o resolver algún conflicto hay que analizar las causas que originan el mismo, y en lo que respecta al hacinamiento y sobrepoblación, sus posibles causas pueden variar mucho entre una jurisdicción y otra. Una causa evidentemente es el crecimiento demográfico, pero también se deben tomar en cuenta los factores socioeconómicos y políticos de cada país, sus procedimientos en materia de justicia penal, y las políticas públicas que se diseñan para combatir las adicciones y la inseguridad (unodc / cicr, 2013: 24-36).5

La mayoría de los reclusos de todo el mundo provienen de sectores vulnerables, y la desigualdad en la distribución de ingresos así como el aumento de la pobreza son causas que también ocasionan este problema. Investigadores y expertos han encontrado correlaciones en las tasas de encarcelación y diversos modelos económicos, como es el caso de México; lo interesante es que algunos países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), realmente han disminuido sus tasas de encarcelamiento con el incremento de la inversión en programas sociales (unodc / cicr, 2013: 26). y es que ante esta situación el deber de los Estados es garantizar la competencia y el pago justo en el trabajo, y no concentrar los salarios altos en pocas personas, que terminan sólo por fomentar la concentración del capital en un grupo reducido de la sociedad.

Prueba de esto es que los países en crisis y con grandes porcentajes de pobreza y desigualdad social, son los que tienen mayores dificultades para respetar y proteger las garantías mínimas establecidas en los tratados y normas internacionales, los que presentan demoras en el proceso judicial, y finalmente un aumento en las penas privativas de libertad, en particular en aquellas personas que reinciden en el delito “lo cual puede significar una violación al principio de proporcionalidad en la sentencia” (unodc / cicr, 2013: 31).

¿Por qué es importante encontrar una solución a la sobrepoblación penitenciaria?

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas sin que se haga distinción alguna, buscan la vida humana digna, entendiendo a la dignidad como un valor supremo e inherente a nuestra especie.

No hay que olvidar que el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción social, un objetivo que no se logra porque el sistema no tiene posibilidades de ofrecer la reinserción social de una persona, para que ésta salga de prisión con la clara convicción de no volver a delinquir; por el contrario, en muchas ocasiones sale una persona resentida con todo el sistema de justicia penal. Sin embrago, también hay personas que salen de prisión con el deseo de no volver a estar en una situación así y que tienen la pretensión de llevar una vida más estable; desafortunadamente, al estar fuera se encuentran con la marginación de la sociedad, la cual limita su desarrollo normal, y nuevamente se restringen sus derechos, como son el conseguir un trabajo digno que pueda cubrir estas necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación y ocio, poniéndola en riesgo de reincidencia y posibles conductas delictivas; naturalmente, la inseguridad en la sociedad se sigue generando, como un círculo vicioso del cual no se logra salir.

Conclusión

Ante esto es necesario mantener un equilibrio entre seguridad, control y justicia que garanticen una percepción de equidad y justicia. En muchos países como el nuestro, los funcionarios de las prisiones están mal capacitados, no gozan del respeto de la opinión pública y, debido a la sobrepoblación, llevan a cabo tareas sumamente exigentes y estresantes, que no son acordes a la responsabilidad que ejercer ni los salarios que perciben (onu-dh, 2004: 9-11).6

No obstante lo anterior, los instrumentos internacionales no dejan lugar a duda acerca de las restricciones o limitaciones de los derechos de las personas privadas de su libertad. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su ordinal número 1 señala que “los funcionarios […] cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo en todo momento a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión” (agnu, 1979). Para dar cumplimiento a esta disposición es fundamental que el Estado mexicano cumpla con la obligación de promover los derechos humanos en todas sus esferas y niveles de gobierno, y sensibilice a todos sus servidores públicos para que rompan con los viejos esquemas y se ubiquen en el nuevo paradigma, que transiten a éste, y optimicen de mejores formas sus recursos materiales y humanos, que si bien es cierto no son suficientes, también es cierto que la administración de estos tampoco es la mejor, por una sencilla razón: porque las decisiones de la mayoría de las autoridades no siguen una política pública, y lo que es peor, no han terminado de entender que esta “nueva disciplina” es la que debe guiar sus decisiones, y por lo tanto, acabar de una vez por todas con las ocurrencias del funcionario en turno.

Notas:

1 Las estadísticas en Atabay (2013: 11) Apartado de “Antecedentes. El hacinamiento en las prisiones de todo el mundo”.

2 Ver artículo 60, Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos.

3 Cámara de Diputados (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Cámara de Diputados (2011). Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Capítulo “Causas del hacinamiento en prisiones”.

6 Apartado “Los derechos Humanos y las prisiones, Papel de los funcionarios de prisiones.”

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Atabay, T. (2013) Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ginebra.

Asamblea General de las Naciones Unidas (agnu, 1979). Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [de disponible en: https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf, consultada el 20 de julio de 2015].

Cámara de Diputados (2011) Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (dof, 10/06/2011). [de disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf]

Cámara de Diputados (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [de disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf,

Centro Nacional de Información (cni – sesnsp – Segob). Incidencia delictiva, estadística y herramientas de análisis. Ciudad de México, marzo de 2015. [de consultada en http://estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=entidad_anio_ff].

González Pérez, L. (2015). La sobrepoblación penitenciaria en los centros penitenciarios de la república mexicana. Análisis y pronunciamiento. cndh, México.

onu-dh. Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento a los Reclusos, [de disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx, consultada el 3 de mayo de 2015].

unodc / cicr (2013). Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ginebra.

unodc (2004). Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York / Ginebra.

Zepeda Lecuona, G. (2013). Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano. México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, ac. México.