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2015: LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO,

OTRA VEZ EN VILO

Paola Lazo Corvera

Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), año con año nos detenemos para dar cuenta de la lectura crítica de la realidad jalisciense que hacemos cotidianamente en torno a la defensa y protección de los Derechos Humanos. Nuestro afán es hacer visibles aquellas acciones o abstenciones que en nuestro estado favorecen o inhiben, desde los diferentes sistemas sociales, políticos, económicos y de poder, el respeto a los derechos humanos. De este modo contribuimos a su exigibilidad y justiciabilidad.

La complejidad de lo que acontece a escala regional es reflejo de la alarmante situación por la que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos, tal y como lo refirieron el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita al país, en la que constataron la grave crisis que padece México en esta materia, consecuencia de la mezcla de los elementos de la situación extrema de inseguridad: violencia, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, feminicidios, desplazados y discriminación, potenciados por una impunidad que es la norma. Sobra decirlo, pero hay que decirlo: son evidentes los retrocesos.

Jalisco es parte de esta tragedia nacional. Para noviembre de 2015 ya se había superado el número de feminicidios de 2014; crecieron 13%1 sin que las autoridades estatales parecieran considerar la gravedad de la situación de violencia hacia las mujeres, se resistieron a decretar la Alerta de Violencia de Género como exigían diversas organizaciones feministas; los datos y los sucesos del día a día daban pie a la urgencia del decreto que llevaría a tomar acciones contundentes para disminuir las agresiones, las vejaciones, las humillaciones y la violencia desmedida de la que son víctimas tantas mujeres. Jalisco encabeza la lista de las seis entidades, junto con la Ciudad de México, donde mueren más mujeres por violencia de género. Tan sólo en 2015 fueron asesinadas 150,2 por lo que son imperativas acciones de aplicación inmediata, no únicamente la Alerta de Género, también medidas preventivas, de protección, de seguridad y de acceso a la justicia para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia.

Por otra parte, Jalisco ocupa el cuarto lugar en el número de homicidios dolosos (en 2015 se registraron más de mil 125); tiene el primer lugar en extorsiones, es el quinto en el número de presuntos delitos registrados, dato que evidencia la grave inseguridad ciudadana y el contexto de violencia desmedida, y también delinea el paisaje en el que todo esto sucede: reacomodo de fuerzas del crimen organizado y la falta de respuesta y coordinación de las autoridades locales. Esta situación convierte a toda la sociedad en víctima, pues vulnera el derecho que tenemos a vivir y sentirnos seguros, a una convivencia sana y pacífica.

Los narcobloqueos ocurridos el 1 de mayo de 2015, a partir de que el gobierno federal puso en marcha la Operación Jalisco, fueron muestra del poder de fuego del narco y de la descoordinación entre los órdenes de gobierno, lo que se tradujo en un incremento en las quejas por tortura y por detenciones arbitrarias, modalidades de delito en las que incurrieron las fuerzas de seguridad. La situación se agravó en todos los rubros y los señalamientos de los afectados en el sentido de que no eran atendidos por las autoridades, incluso desde la propia cedhj, fueron constantes.

En 2015 atestiguamos la tragedia de familias que exigieron al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, que no se incinerara a las víctimas no identificadas, que se detuviera la entrega de cenizas de desaparecidos, resultado de la cremación de cuerpos no identificados. Hay casos registrados por el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej), en los que la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses entregaron cenizas a las familias de desaparecidos sin antes haber practicado el perfil genético al cuerpo, lo que vulnera hay que ser enfáticos gravemente los derechos humanos. Cifras oficiales muestran que de enero de 1997 a julio de 2015 se incineraron 2 mil 724 cadáveres de personas no identificadas.

A nivel nacional, nuestra entidad ocupa el segundo lugar en desapariciones. Esta situación pudo verse ligeramente modificada con la creación de una agencia especializada a partir de la entrada del nuevo fiscal general, sin embargo, durante 2015 no se aplicaron protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas ni se ha dado seguimiento puntual a las investigaciones, se ocultó información y no se contó con personal capacitado; situación que sufrieron y enfrentaron miles de familias de personas desaparecidas en Jalisco, que además no recibieron el apoyo y el seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (fge).

La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la que pregonó el gobierno federal, se desmoronó en 2015 ante la contundencia del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). El reporte puso en la vitrina la falta de voluntad del gobierno por ir al fondo en un asunto que revela la connivencia de los poderes oficiales, los fácticos y el crimen organizado; también exhibió la incompetencia de las autoridades para encontrar y castigar a los responsables, para atender con dignidad a las familias y responder al clamor de justicia que no han dejado de elevar las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De muchas maneras ellas representan el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México. Existe una absoluta falta de justicia y la actuación del Estado para reconstituir el respeto a la persona, para proteger a los grupos más vulnerables y al entorno en que se desenvuelven, cuando más, es precaria.

La justicia entendida como una expresión que se hace objetiva en lo cotidiano, en la vida social e institucional, la justicia como lucha en contra de la impunidad y de la corrupción, es una noción ausente en la realidad jalisciense. Las víctimas fatales del transporte público no cesan, incluso superaron a las de 2014 y el Consejo Estatal para la Atención de Víctimas del Transporte Público determinó que 55% de éstas fueron responsabilidad directa de los transportistas3 que operan, como siempre, sin asegurarse de que en los cursos que toman sus conductores reciban educación vial y ciudadana. No se han aplicado sanciones legales y económicas específicas para los concesionarios y propietarios de las unidades de transporte (salvo en algunos casos aislados). A estas alturas, parece que debiéramos resignarnos a la imposibilidad de erradicar este tipo de accidentes y a que se ofrezca un servicio digno y de calidad a las y los usuarios del transporte público en Jalisco.

La situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como la de los periodistas en la localidad, es alarmante: ataques a medios, censura, amenazas, persecuciones, incluso asesinatos y desapariciones. Quienes defendemos el trabajo que hacen las y los periodistas, y el papel que estos juegan en una democracia plena, exigimos que la libertad de prensa no se negocie y que nuestro derecho a estar informados y conocer la verdad pueda ser ejercido a plenitud, sin barreras. Nos preocupa la renuncia de Jade Ramírez como consejera del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, es muestra de la desconfianza y de la falta de justiciabilidad que existe en los instrumentos y mecanismos que deberían ser un referente de defensa y protección de derechos fundamentales.

El 29 de octubre de 2015, el Congreso del Estado de Jalisco envió al Ejecutivo, para su publicación, la Ley para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado. La ley se pergeñó de manera aislada, sin haber dialogado, consultado o acordado con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de grupos vulnerables y que desde hace una docena de años han impulsado la promulgación de una ley en contra de la discriminación. Aunque la Ley referida prevé las conductas consideradas como discriminatorias, éstas se pueden ampliar y mejorar los alcances de la norma. Sí, acierta en que sujeta a procedimiento, reparación y sanción a entes públicos y autoridades estatales, municipales o particulares que comentan actos discriminatorios o sean omisos ante ellos; sin embargo, para el caso de los particulares y las personas jurídicas privadas, en lugar de impulsar que sus actos sean preceptuados localmente, la nueva Ley propone remitir las quejas al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), lo cual es ya una facultad del organismo nacional.

Si entendemos el diálogo como un mecanismo de construcción de acuerdos desde las coincidencias, para impulsar el cambio social en el marco de una democracia, los acuerdos, leyes y compromisos gubernamentales en materia de derechos humanos debieran darse a partir de él, del diálogo entre los actores involucrados en la experiencia de vulneración de estos derechos, así como con las y los promotores de su defensa y protección.

Por su parte, las y los transexuales siguen siendo uno de los principales blancos de discriminación en el estado; la negativa a reconocerles legalmente la libertad para autodeterminar su identidad de género los deja en una profunda desprotección jurídica, social y laboral, hasta su realidad de cada día: suelen ser víctimas de crímenes y violencia sexual. De acuerdo con la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (ccccoh), Jalisco es el quinto estado del país con más homicidios de este tipo, y no perdamos de vista que este registro resulta poco fiel, pues cuando el Servicio Médico Forense (Semefo) clasifica los homicidios, distingue los cuerpos exclusivamente por sexo masculino o femenino, nunca es preciso respecto a si se trata de personas transgénero o transexuales. Hay un vacío de políticas públicas, que se sigue en la carencia de programas y presupuesto para impulsar el respeto a la diversidad y para cesar la violencia, el rechazo, el odio y las agresiones. Es necesaria una ley de identidad de género que facilite a las y los transexuales, por ejemplo, el acceso al trabajo digno y que permita el cambio legal del nombre, de acuerdo a la voluntad libre de cada persona.

A pesar de que en Jalisco el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y si pone en riesgo la vida o la salud de la madre, las mujeres aún no acceden a la posibilidad de su interrupción legal, el grado de implementación de la normativa es muy bajo y los obstáculos que en la práctica enfrentan las mujeres son amplios. En Jalisco, de noviembre de 2013 a octubre de 2015, cuarenta mujeres quedaron embarazadas luego de ser violadas; ninguna de ellas tuvo acceso a la interrupción legal del embarazo aunque sólo 5.4% se atrevió a poner una denuncia.4 La ley que autoriza el aborto en caso de violación es letra muerta, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Salud la respetan.

2015, con todo y los extremos de impunidad a los que estamos habituados, no dejó de sorprender el silencio de las instancias responsables de tutelar los dh frente al quebrantamiento del derecho a la información cometido por el Sistema Jalisciense de Radio y tv, que decidió eliminar toda comunicación electoral, tanto en los noticieros como en los programas de opinión durante las elecciones de 2015, determinación que es una flagrante violación a las leyes de transparencia, acceso a la información y a la propia Constitución General de la República. Esta actitud motivó a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) y al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) a presentar una queja ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (ine) en Jalisco. Las escuetas respuestas recibidas hasta hoy son elocuentes respecto al nulo interés de las autoridades por garantizar la transparencia y la información durante los procesos electorales.

En el tema de la tortura nos encontramos con un cambio en la narración, que bien pudiera ser simplemente una actualización del discurso público. Sí, se dio la reforma contra la tortura en medio de una profunda crisis de derechos humanos, pero la existencia, confirmada, de casos de tortura en Jalisco reflejan una situación contradictoria y preocupante, aquí y a lo largo y ancho del país. Podría afirmarse que fue un hecho positivo la publicación de la nueva Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco, en abril de 2015, así como alentadoras parecieron las posteriores modificaciones al Código Penal y a otras dos leyes, en las que se contemplan penas de hasta doce años de cárcel y multas de 200 a 500 salarios mínimos para quienes torturen. La ley a su vez obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a denunciar los casos de tortura que se desprendan de las quejas que reciba por este tipo de prácticas. En octubre de 2015, seis funcionarios fueron separados de su cargo5 por imputaciones de tortura después de que la Fiscalía General del Estado (fge) aceptó siete recomendaciones de la cedhj. Esta fue la primera vez que una autoridad estatal reconoció oficialmente la existencia de la tortura. Al día siguiente, Amnistía Internacional6 denunció que en Jalisco se presentaron 167 quejas por este delito ante la cedhj, lo que representa un incremento de 695% con relación a las 24 presentadas en 2014; de acuerdo a datos oficiales, de mayo a septiembre de 2015 se presentó, en promedio, una queja por día; la Fuerza Única y la Fiscalía central fueron las más señaladas. La existencia de tortura y los malos tratos generalizados en los que las policías incurren en nuestro estado, aunados a los serios problemas en las condiciones de detención y el contexto de impunidad, hacen visibles las deficiencias de la ley y, claro, su casi nula eficacia. De ahí que resulte urgente construir dispositivos civiles de monitoreo y control; son imprescindibles para prevenir y erradicar la tortura.

Durante 2015 se discutió, elaboró y aprobó la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, entró en vigor en enero de 2016. Es importante señalar que la ley no fue resultado del análisis de las condiciones de vida y del ejercicio de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en la entidad, tampoco fue consecuencia de políticas públicas que coloquen ante todo el interés por las y los más jóvenes; en todo caso se elaboró en respuesta a un mandato del Congreso de la Unión, al que siguió un proceso apresurado, discrecional, excluyente y poco dialogado con los actores interesados en los derechos de la infancia y la juventud. Aunque la nueva ley presenta avances importantes con respecto a la previa y plantea un cierto nivel de armonización con respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no contiene un planteamiento contundente de los mecanismos para la participación ciudadana, tanto de organizaciones de la sociedad civil (osc) como de los propios niños, niñas y adolescentes; no especifica las atribuciones de las distintas instancias ni sus niveles de actuación, y no deja asentada la prioridad que se dará a la asignación de presupuesto para que opere de manera efectiva y eficiente.

Jalisco es un estado de tránsito, origen y destino de cientos, miles de migrantes que en 2015 sufrieron el rechazo y las amenazas de una parte de la sociedad tapatía. Las y los colaboradores de fm4 Paso Libre tuvieron que cerrar las puertas de su Centro de Atención al Migrante, debido a las amenazas que recibieron. A la vez, un grupo de vecinos de la colonia Arcos Vallarta lanzó una cruzada discriminatoria en contra de los migrantes, expresada en su rechazo a que el comedor que los atiende se reubicara en esa zona. Las autoridades no se pronunciaron y tampoco intervinieron de inmediato, lo que nos lleva a resaltar que ya es preocupante que la atención a las y los migrantes se mantenga sólo en manos y a merced de la voluntad de la sociedad civil; como en otras vertientes de los derechos humanos, las instituciones del Estado no terminan de asumir la responsabilidad social que tienen con este fenómeno social que involucra a personas que viven una situación extrema de vulnerabilidad, violentadas, puestas en peligro y discriminadas.

En el tema de los derechos ambientales el gobierno de la entidad sigue en deuda. A la tutela de estas garantía las autoridades le deben políticas públicas, leyes, trabajo, recursos financieros y acciones para que un medio ambiente sano y protegido sea real para todas y para todos. Para comprobar esa deuda, basta mirar la situación que persiste en el bosque de El Nixticuil, en donde los incendios intencionales para destruirlo son constantes y las autoridades municipales continúan omisas y hasta cómplices, al ofrecer declaraciones falsas, sin argumentos, que pretenden minimizar el despojo del bosque que es parte de un área protegida, y así respaldan la avaricia de los empresarios inmobiliarios. A su vez, las empresas avecindadas en el área de influencia de El Nixticuil, valiéndose de la impunidad que rige por doquier, no dudan en depositar sus residuos industriales sobre la cañada del bosque, con lo que provocan una devastación ambiental, por la toxicidad de los desechos que afecta al macizo forestal, a quienes viven en sus alrededores y por supuesto, la calidad de vida de la metrópoli entera. Ya son más de diez años de resistencia (al fuego, al despojo, al terror y a la represión) por parte del Comité Salvabosque del Tigre II, organización de vecinos que cuidan y protegen, sin descanso y sin apoyos, el bosque de El Nixticuil.

¿Y qué decir del Río Santiago? Parece que está ahí, nomás, viendo pasar el tiempo y con él, sus mejores días. En los últimos siete años, el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto ha registrado 628 fallecimientos a causa de la contaminación, por lo que un grupo de organizaciones de la sociedad civil que luchan por el medio ambiente han solicitado se declare la Alerta Ambiental y Sanitaria en diferentes zonas de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán, las demarcaciones más afectadas por la polución de ese cuerpo de agua; asimismo, han solicitado se retome la Macro recomendación emitida por la cedhj en 2009, que no ha sido acatada en su totalidad.

El análisis que hacemos de la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj) nos da elementos para afirmar que no hay avances en el respeto a los derechos humanos en la localidad, las violaciones no se reducen y ni siquiera se señalan, lo que es clara muestra de un trabajo deficiente, hecho por funcionarios poco o mal capacitados, a pesar del presupuesto abultado del que disfruta la Comisión. Sin importar lo que diga su decreto de creación, la cedhj no es un organismo autónomo, su lógica de actuación es política y muy cercana al poder; emite pocas recomendaciones (que acusan un exceso de benevolencia para con los funcionarios), mismas que además terminan siendo parte de una simulación de Estado. El Consejo Ciudadano de la cedhj actúa en la sombra, no hay rastros de su actividad, tampoco de su voluntad por ser crítico, contrapeso eficaz del Presidente; ha dejado de rendir cuenta a la sociedad y tal parece que no le interesa que temas sensibles para la justicia en Jalisco, y para la salud del organismo autónomo, ganen posición en el programa de trabajo de la Comisión. Cada una de las omisiones en el actuar de la cedhj abona a la crisis de derechos humanos que se vive en el país y deja en la indefensión a miles.

Organizaciones de la sociedad civil como la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Cladem Jalisco, la Coordinadora 28 de Mayo y el Cepad, denuncian que muchos abusos son encubiertos7 por la cedhj; también han señalado que la Comisión es asiduamente cuestionada8 por quienes actúan, día a día, en favor de la defensa y protección de los dh; por ello sorprende que cuente con más del doble del presupuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,9 y sorprende aún más que 96% del dinero del erario que se le destina sea para pagar su nómina, la que encabeza su Presidente. El problema mayúsculo que enfrenta la protección de los derechos humanos en Jalisco no parte de los arreglos administrativos de la cedhj, sino de un hecho evidente: quien debiera ser ombudsman no lo es, porque su hacer no mira de frente a las y los ciudadanos, y porque no entiende de derechos humanos; en medio de una crisis inmensa de seguridad, en medio de la pérdida constante de capital social, el Presidente de la cedhj y su Consejo permanecen a la zaga y no son referente, ni para las autoridades ni para la gente del común. Así, desde el desconocimiento, la insensibilidad y priorizando el cálculo político, ¿cómo alguien puede proclamarse defensor y promotor de los dh y además cobrar tan bien por ello?

Mezcala, Temacapulín, El Mameyito y Puertecito, el Rincón de Manantlán y Peña Colorada, entre otros pueblos, han sido violentados. Su derecho al territorio y a vivir en paz es una utopía. En 2015 sus habitantes se vieron obligados a desplazarse, a abandonar sus tierras, a causa de la violencia y de las presiones del crimen organizado y de grupos de poder. No recibieron, no han recibido el soporte y la protección de autoridades que ni siquiera han hecho las investigaciones pertinentes en torno a los perennes abusos de poder y el consecuente despojo de su territorio del que son víctimas.

El 6 de noviembre de 2015 nueve integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción fueron absueltos del delito de daño material que les fue imputado de manera infundada por los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justica del Estado de Jalisco. Este triunfo es efecto de la lucha que emprendieron por su libertad y por su territorio. Desde 1999 la comunidad libra una batalla, acompañada jurídicamente por el Cepad, en contra del empresario de Guadalajara, Guillermo Moreno Ibarra; este sujeto mantiene invadidas nueve hectáreas de territorio comunal con el apoyo y la anuencia de autoridades estatales y municipales. Los magistrados de la Sexta Sala que determinaron absolver de los delitos imputados a integrantes de la comunidad, señalaron las irregularidades de la agente del Ministerio Público de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, aunque omitieron, deliberadamente, analizar el papel del Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Óscar Martín Morales Vázquez, quien fue responsable de someter a las y los hoy exculpados a cuatro años de un proceso injusto y denigrante, para luego sentenciarlos a penas privativas de la libertad y a pagar la reparación del daño. Con todo y lo justa que resultó la sentencia, los magistrados dejaron ir la oportunidad, por falta de rigor y desinterés en la calidad didáctica y admonitoria de su dictamen, de sentar un precedente judicial relevante para los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco. Este caso es ejemplo nítido de la criminalización de la protesta social: para quienes en contra de la arbitrariedad de los poderes públicos y económicos defienden sus derechos humanos individuales y colectivos (la preservación de sus territorios, de sus bosques, del agua y de su cultura) está disponible y presta la fuerza ilegítima e incontestable del Estado.

Este Informe, más que el recuento de hechos y datos, es un intento colectivo por recuperar historias, relatos, investigaciones sociales y diagnósticos que el Cepad ha realizado junto con otras organizaciones civiles, comunidades locales y universidades, en torno al tema de los derechos humanos en el estado de Jalisco. La narrativa que contiene no es únicamente para dar a conocer el estado que guardan algunos conceptos, sino las historias de gente concreta, las de vidas que se juegan en la indefensión y que en su lucha, luchan por todas y por todos. Creemos que las acciones de comunicación política responsable y veraz posibilitan ser contraparte eficaz de las autoridades constituidas y también de los poderes fácticos; sostenemos que son la vía para volvernos interlocutores de alto nivel ético e intelectual ante instancias públicas y privadas, y ante otros agentes sociales del estado. Generar un cambio para virar hacia una cultura de los derechos humanos más firme, sólida y vivible es labor comunitaria que debe atisbar al largo plazo, pero sin dejar de impulsar transformaciones profundas desde ya; en esto estamos y siempre atenidos al camino que elegimos: el de la paz, la justicia y la solidaridad.

Notas

1 Revolución tres punto cero. “Números rojos en Jalisco, feminicidios aumentan 13%; gobierno priista se niega a instaurar alerta de género”. Redacción. 16 de diciembre de 2015.

2 Crónica de Sociales, “Aristóteles omiso a feminicidios; urgen activar la alerta de género en Jalisco”. Adrián Carrera. 28 de enero de 2016.

3 El Informador. “Aumentan las muertes por transporte público”. Redacción. 20 de diciembre de 2015.

4 Datos presentados por la Dra. Patricia Ortega, representante en Jalisco de Ddser, en el Foro sobre Aborto en Jalisco, realizado el 26 de octubre 2015 en el Congreso del Estado.

5 La Jornada Jalisco. “Fiscalía acata recomendaciones por casos de tortura: remueve a seis funcionarios”. Julio Ríos. 30 de octubre de 2015.

6 La Jornada Jalisco. “Aumentan 695% las quejas por casos de tortura en 2015: ai”. Yenzi Velázquez, 29 de octubre de 2015.

7 El Universal. “Abusos son encubiertos por la cedhj, acusa ong”. Raúl Torres. 30 de septiembre de 2015.

8 Reporte Índigo. “Comisión cuestionada”. Jonathan Ávila. 30 de noviembre de 2015.

9 Página 24 Jalisco. “La cedhj derrocha y no defiende al pueblo”. Adrián Montiel. 18 de diciembre de 2015.