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Contexto de las desapariciones de personas en Jalisco durante el periodo 2013-2016

Se reconoce el problema, quedan acciones pendientes

Ana Elizabeth Cabral Pacheco,
Abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad)

La entrada de Aristóteles Sandoval Díaz al Gobierno del Estado de Jalisco el 1 de marzo de 2013, vino acompañada de reformas estructurales en materia de seguridad, especialmente con la creación de la Fiscalía General del Estado, organismo que fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, encargadas tanto de la prevención como de la investigación de los delitos del fuero común.

En ese momento, llamó la atención pública que el gobernador presentara su primera iniciativa constitucional para modificar el párrafo sexto del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco1, para que Luis Carlos Nájera Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública en la administración del ex gobernador Emilio González Márquez, permaneciera en su gabinete y recibiera el nombramiento de Fiscal General de Jalisco.

El contexto de violencia en la entidad se vio reflejada en los medios de comunicación a nueve días del arranque de la nueva administración, con el asesinato del Secretario de Turismo, J. Jesús Gallegos Álvarez, ocurrido el 9 de marzo de 2013 cuando el funcionario circulaba en su auto en la avenida Acueducto en su cruce con Patria (Matan a secretario de turismo en Jalisco, 2013) en Guadalajara. El Gobierno del Estado señaló en un principio que el ataque estaba relacionado con las actividades previas del funcionario, quien era un empresario importante en el ramo hotelero y de la construcción, pero tiempo después se revelaría en algunos medios que lo ocurrido se debió a sus nexos con un grupo del crimen organizado2.

Mientras tanto, desde la sociedad civil se hacían públicas las cifras que dimensionaban la complejidad del fenómeno de desaparición de personas en México. En Jalisco, la situación fue revelada por Francisco Castañeda de la Rosa (2013) en el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2012, en su artículo “¿Quiénes son los desaparecidos en Jalisco durante el sexenio de Calderón?”. La información fue estremecedora, 20 mil 851 víctimas de desaparición en todo el país durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-20012). El 75% de los reportes se concentraban en seis entidades, Jalisco ocupaba el tercer lugar con 2,175 registros, detrás del Distrito Federal y el Estado de México (p. 109).

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ o la Comisión) emitió el pronunciamiento 01/2013 por las desapariciones ocurridas en el estado (CEDHJ, 2013). En ese documento se señalaba el registro de 197 casos de personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y 124 en el portal electrónico de la Procuraduría General de la República (p. 2). Asimismo, se indicó en el texto que la Procuraduría General de Justicia del estado había reportado a la CEDHJ la cifra de 1,288 denuncias recabadas solamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre las recomendaciones que se anexaron al pronunciamiento, la Comisión pide al Congreso del Estado la creación del tipo penal de desaparición forzada; a la Fiscalía General que solicite a las áreas competentes de esa dependencia y exhorte a los municipios a adoptar acciones “tendentes a inhibir, investigar y erradicar los casos de desapariciones forzadas en el estado” (CEDHJ, 2013. p. 15), además de adoptar el protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentado por Províctima en 2012.

La Comisión prosiguió abordando el tema y meses después publicó la recomendación 27/2013, en la que documenta la desaparición forzada de una persona a manos de la policía municipal de Tlaquepaque3. Aunque el organismo acreditó la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada cometida por los agentes municipales involucrados, su recomendación se limitó a solicitar al municipio que realizara procedimiento administrativo en contra de los funcionarios, omitiendo su responsabilidad penal.

Ante la imposibilidad de ocultar la grave situación, el Gobierno estatal realizó las siguientes acciones:

  1. El Congreso del Estado legisló para la incorporación de un tipo penal en materia de desaparición forzada al Código Penal para el Estado de Jalisco, donde el delito fue clasificado como grave e imprescriptible.

  2. El poder ejecutivo emitió dos protocolos: uno respecto a la Atención en Casos de Desaparición de Personas4, que delimita las funciones de la Fiscalía de Derechos Humanos para brindar atención jurídica, psicológica, médica y asistencial a la víctima y a sus familiares; y un protocolo específico, en materia de Investigación y Atención en Casos de Desaparición de Mujeres por razones de género5.

De las graves omisiones de incorporar a ambos protocolos, fue la regulación de los mecanismos de búsqueda inmediata e investigación de personas desaparecidas, dejando un vacío legal imprescindible para orientar las acciones necesarias para localizar a las víctimas, así como para facilitar la identificación de los responsables del delito.

En lo que refiere al aumento de casos de desaparición durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz, comenzaron a tener una mayor cobertura mediática. Por ejemplo, la desaparición de dos adolescentes de quince años en el mes de junio de 2013, Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas, quienes fueron vistos por última vez en el centro comercial “Plaza Ciudadela”, en el municipio de Zapopan, fue ampliamente difundida. En esa ocasión, las autoridades utilizaron por primera vez el mecanismo de la alerta Amber, pero como “no se cumplieron con todos los requisitos” se emitió una pre alerta por su desaparición y la de una menor de 19 meses de edad (“Queda en prealerta amber a búsqueda de menores en la metrópoli”, 2013).

El 2 de julio de ese mismo año se anunció que los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados en el rancho “La cebada” del municipio de Zapopan, sitio ubicado en el bosque La Primavera, y el entonces Fiscal General, Luis Carlos Nájera declaró en rueda de prensa que fueron privados de la libertad por burlarse de Luis Ángel Carrasco Coronel, hijo de un miembro de la delincuencia organizada (“Hijo de capo ordena”, 2013). Sin embargo, familiares de las víctimas mostraron inconformidad ante el manejo del caso por las autoridades estatales, quienes únicamente detuvieron y procesaron a un menor de edad por su participación en el secuestro de las víctimas, a pesar de contar con elementos para buscar a más implicados en los delitos de secuestro y asesinato.

Otro caso al interior del estado fue la desaparición de seis jóvenes y del padre de uno de ellos en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco el 7 de julio de 2013, lo cual desembocó en la localización de un predio llamado “La Ley del monte”, donde se encontraban restos de personas disueltas en sustancias químicas. En ese lugar fueron identificados restos de 4 de los 6 jóvenes por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (Osorio, 2013). Días después sus cenizas fueron entregadas en urnas con el logotipo del gobierno del estado, sin un certificado de ADN ni dictámenes periciales que les permitiera corroborar que la identidad de los restos entregados eran de los desaparecidos (Partida, 2013), por lo que las 4 familias emitieron un comunicado expresando su inconformidad por la actuación de la Fiscalía General del Estado.

En noviembre de ese año, ocurrió otro caso que conmocionó fuertemente a la población de la región sureste de Jalisco, fue el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de La Barca -colindante con el estado de Michoacan- a cargo de personal de la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de las acciones de búsqueda de René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago, agentes federales desaparecidos. El operativo de detección de fosas se extendió hasta el mes de enero de 2014 y fueron encontrados un total de 74 cadáveres, entre los que se encontraban, conforme a lo señalado en el periódico el Informador dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (“Encuentran siete cuerpos más”, 2013).

De manera simultánea al hallazgo en La Barca, los medios difundieron el caso de otras fosas descubiertas en el municipio de Zapopan, Jalisco, dentro del predio “La cumbre” cercano al poblado de Palo Gordo, donde fueron descubiertos 17 cuerpos (“Suman 17 cadáveres”, 2013).

Colectivos de familiares de personas desaparecidas señalan omisiones del Estado

Las actividades del colectivo “Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos Jalisco” (Fundej), cobraron una mayor visibilidad en el 2014, por cuestionar la opacidad de las cifras de personas desaparecidas en Jalisco y la atención recibida por la Fiscalía General del Estado que tacharon de revictimizante, así como las consideradas omisiones cometidas en las investigaciones de sus casos. También demandaban el acceso a las copias de sus expedientes, además que los ministerios públicos les trasladaban la responsabilidad de la búsqueda de sus familiares. A las demandas se sumaba la falta de la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco6.

Con la intención de que el Estado subsanara los errores cometidos, el colectivo solicitó en el mes de marzo de 2015, una reunión con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, misma que concedió dos meses después. En ese espacio concertaron el establecimiento de mesas de trabajo con autoridades estatales, con la finalidad de atender un pliego petitorio presentado por las familias. Entre sus demandas estaba “que cada familia tenga copia del expediente de las averiguaciones previas, un reporte de los avances reportados en las búsquedas, además de que se establezca un banco de ADN en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses” (García, 2015).

En la temporalidad que fueron desarrolladas las mesas de trabajo, el contexto de la política de seguridad en el Estado se vio impactada con el arranque de la “Operación Jalisco”, con la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El día en que fue anunciada su implementación, el 01 de mayo de 2015, el crimen organizado respondió con 39 bloqueos en 25 municipios de Jalisco y el derribo de un helicóptero del Ejército mexicano en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, durante la persecución de un convoy del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), razón que motivó decretar el “Código rojo”7 en la entidad (Puertolas y Serrano, 2015).

Después de los acontecimientos del 01 de mayo, el titular de la Fiscalía General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, renunciaría -o le pedirían la renuncia- en medio de críticas y especulaciones respecto a sus posibles vínculos con el crimen organizado8. El lugar de Nájera Gutiérrez fue ocupado por Eduardo Almaguer Ramírez, quien fungía en ese momento como Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco.

Una de las primeras acciones del nuevo fiscal general fue emprender un “operativo” de búsqueda de personas desaparecidas que se trató de visitar casa por casa a familias que habían denunciado una desaparición para preguntar si las víctimas habían regresado (González y Reynoso, 2015). Ese tipo de acciones se sumaron a la falta de avances en las investigaciones, así como del cumplimiento del pliego petitorio entregado por Fundej meses atrás. En octubre de 2015 el colectivo anunció mediante un comunicado que abandonaría las mesas de trabajo con autoridades estatales en razón de que sus peticiones seguían sin ser cumplidas mientras aumentaban los casos de personas desaparecidas en el estado.

A escasos días del comunicado de Fundej, el 14 de octubre de 2015, la Directora del Área de Desaparecidos de la Fiscalía, Violeta Cristina Meza, y Eduardo Almaguer Ramírez realizaron una rueda de prensa para dar a conocer el registro de personas desaparecidas en Jalisco, revelando que tenían contabilizados 2,906 casos, sin “una sola averiguación previa por desaparición forzada” (Guillen, 2015). Además, hicieron una clasificación de sus registros, en las siguientes categorías.

1 – 196 personas extraviadas
2 – 400 por ausencia voluntaria
3 – 1,972, personas desaparecidas (de las cuales no se tiene información alguna en torno a la desaparición); y
4 – 338 casos relacionados a la comisión de algún delito.

 

Dicha clasificación ha sido persistente en el discurso del Fiscal General, Eduardo Almaguer, que si bien es importante que esa institución reconozca el problema, no contribuyen en la eliminación de la criminalización de las víctimas y revictimización de sus familiares9. A esto se suma la disparidad con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED)10.

A finales del 2015 Fundej denunció una práctica atroz de las autoridades estatales: incinerar cuerpos de personas no identificadas (NN) sin previos estudios de los perfiles genéticos. Lo anterior sucedió cuando integrantes del colectivo recibieron cenizas que presuntamente corresponderían a sus familiares desaparecidos, pero que no contaban con pruebas periciales o forenses que acreditaran su identidad. No obstante, dicha práctica había sido reconocida con anterioridad por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses:

Si en 10 días los cuerpos no han sido identificados, el IJCF tramita ante el Ministerio Público y ante la Secretaría de Salud que liberen el permiso para cremarlos y obtener actas de defunción.

‘Somos el único Estado —desde 1993— que crema los cuerpos, pues según nosotros es más digno que ponerlos en una fosa común. Ya cremados se les deja hasta un año en el Instituto y si no los reclaman, el Ayuntamiento de Guadalajara nos destina espacios para estos cadáveres’ (NN: los muertos que nadie reclama, 2012).

Los graves hechos cometidos por el IJCF y la Fiscalía se difundió a través de distintos medios de comunicación, entre ellos el apoyo a la denuncia de Fundej por parte de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todos y todas”, el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO y el Cepad, mediante un comunicado fechado el 10 de diciembre dirigido al gobernador Aristóteles Sandoval y al Fiscal General, Eduardo Almaguer,11 exigiéndoles que fuera detenida la cremación de cuerpos de personas no identificadas de manera inmediata. La presión generada desde la sociedad civil en torno a la incineración de cuerpos sin brindar certeza a los familiares de las víctimas de su identidad logró que se detuviera esta práctica institucional.

De acuerdo al informe que la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses proporcionó al Cepad12, se indica que en 2016 dejó de realizarse la incineración, pero tan solo en el periodo 2006-2015 el organismo indicó que fueron acumulados 1,571 cuerpos cremados, de los que apenas 141 lograron ser “identificados”.

Cadáveres Incinerados

Ilustración 1: Cadáveres incinerados por el IJCF en el periodo 2006-2016. Elaboración: Isaac Vargas González. Fuente: IJCF

En el 2016 surgió un nuevo colectivo de familias de personas desaparecidas en la entidad, llamado Por Amor a Ellxs, derivado de una escisión de Fundej. Este nuevo colectivo ha hecho visible la cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado a través de la colocación de listones con sus nombres en espacios públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero también su lucha se ha enfocado en exigir que la Fiscalía General del Estado subsane malas prácticas tales como la negativa a reconocer el carácter de coadyuvantes de los familiares, la falta de entrega de copias de las actuaciones realizadas en sus averiguaciones previas, así como la falta de protección de sus derechos como víctimas (Por Amor a Ellxs, 2016).

En el mes de enero de 2016 la Fiscalía General anunció el arranque de la Unidad Especializada para la atención de Desaparecidos: “Para el área metropolitana de Guadalajara estará conformada por dos agencias del Ministerio Público y 15 agentes investigadores, mientras que (…) se integrará otro equipo de investigación en Puerto Vallarta con cuatro policías y un agente ministerial” (FGE, 2016). A esta medida se sumó la Fiscalía de Derechos Humanos para brindar la atención a las familias de las víctimas de desaparición, anunciadas como un compromiso de abordar el problema de una manera más transparente.

Posteriormente la Fiscalía General publicó la creación del Protocolo Alba en Jalisco13, mecanismo dedicado a la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en las primeras 72 horas, como parte de la Alerta de Violencia de Género declarada en ocho municipios del estado que fue anunciada el 8 de febrero de 2016 y se creó la Unidad de Reacción y Búsqueda Inmediata.

Si bien, fueron realizados cambios institucionales para atender las desapariciones ocurridas en Jalisco, la falta de reconocimiento de la magnitud del problema seguía haciéndose visible. Al ser cuestionado sobre la existencia de casos desaparición forzada, el Fiscal Eduardo Almaguer negaba su existencia:

(…) no tenemos hasta el momento indicios de participación en Jalisco de fuerzas públicas en este tipo de temas (sic). No lo tengo, no lo conozco. En las revisiones que hemos hecho de todo, no está que algún policía o algún miembro de alguna corporación haya participado en la desaparición por órdenes del Estado. (Hernández, 2015)

La actuación de la CEDHJ en el tema durante el 2016, fue a través de la emisión de un pronunciamiento en rueda de prensa para dar a conocer dos recomendaciones que emitió en materia de desaparición: en la número 20/2016 se abordó la documentación de otro caso de desaparición forzada ocurrido en el municipio de San Juanito Escobedo; y la número 21/2016, por incumplimiento a la atención a víctimas y “a la función pública” en la investigación de un caso de desaparición por parte de personal de la agencia del Ministerio Público en “El Tuito”, poblado del municipio Cabo Corrientes.

En la recomendación 21/2016 se documentaron malas prácticas del personal de la Fiscalía para atender el caso, tales como una mala integración del expediente, la falta de realización de diligencias de manera inmediata que derivaron en que después de año y medio de la realización de pruebas de ADN se procesaran los resultados del perfil genético, información que permitiría realizar la búsqueda de la persona desaparecida en la base de datos de Personas no Identificadas (N.N.) del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ese tipo de malas prácticas coinciden con las manifestadas por familiares de personas desaparecidas en el estado, mismas que se convierten en un indicador respecto a que de los últimos diez años la Fiscalía General del Estado ha acumulado 3,525 casos de personas pendientes de ser localizadas, de acuerdo a la información proporcionada por su Unidad de Transparencia14.

Para el colectivo Por Amor a Ellxs los cambios institucionales realizados no representaban un replanteamiento del manejo de los casos, mejoras en la atención recibida o acceso a sus expedientes. Por tal motivo sus integrantes solicitaron a través del Cepad la intervención del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jařab, (Nuño, 2016), con el objetivo de que visitara Jalisco para instalar una mesa de trabajo con el Fiscal General del Estado.

La presencia de la ONU-DH ha marcado un parteaguas en la relación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las autoridades estatales, como facilitador de las mesas de trabajo, proceso que ha acompañado junto al Cepad con el carácter de observadores y facilitadores de los acuerdos tomados entre las partes, con la intención de subsanar las irregularidades cometidas en innumerables rubros.

De los encuentros surgió la idea de un nuevo modelo de búsqueda e investigación de los casos de personas desaparecidas que fue evolucionando hasta convertirse en una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, misma que empezó actividades el 31 de agosto de 2017. Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno estatal al implementar una nueva estructura es dar respuesta inmediata a los casos que surgen día con día en los 125 municipios del estado de Jalisco, y que a su vez se continúen las investigaciones que se han ido rezagando por años en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, de las miles de víctimas que aún no han regresado a sus hogares.

Las familias en Jalisco y en el resto del país, siguen reclamando el regreso de sus seres queridos a casa, que se realicen todos los esfuerzos y utilicen los recursos disponibles para encontrarlos, así como a tener acceso a sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, y que ninguna persona sufra del horror de desaparecer.

Bibliografía

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Notas al pie de la página

1 El artículo 53 señalaba como requisitos para ser Fiscal General cumplir con los mismos requisitos para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, entre los cuales se incluye la restricción de no haber sido gobernador, secretario de una dependencia a nivel estatal, jefe de departamento administrativo, procurador, diputado, presidente o regidor del ayuntamiento. Dicha restricción impedía que Gutiérrez Nájera desempeñara el cargo.

2 De las declaraciones tomadas a personas que fueron detenidas en el mes de mayo de 2013 en relación al asesinato de J. Jesús Gallegos, se reveló que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación ordenó el ataque por las actividades que realizaba el funcionario de lavado de dinero para el grupo de los Caballeros Templarios (“Jesús Gallegos Álvarez ‘lavaba dinero”, 2014).

3 Los agentes entregaron a la víctima junto con otra persona a hombres armados que se encontraban a bordo de una camioneta, misma que logró ser liberada y acreditar los hechos que suscitaron la queja mientras que la víctima fue asesinada por sus captores y abandonada en un terreno baldío, reconocida por sus familiares días después en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

4 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 20 de junio de 2013.

5 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 5 de octubre de 2013. Este fue revisado posteriormente y sería transformado en el protocolo Alba, publicado el 9 de abril de 2016, al que se agregaron acciones de búsqueda inmediata.

6 Para más información, se pueden consultar los comunicados del colectivo en su blog https://fundej.wordpress.com/category/comunicados/

7 Se define como “un protocolo de seguridad que implica la coordinación de autoridades estatales y federales (como el Ejército, la Marina, la PGR y el Cisen) para atender una situación de emergencia derivada de hechos violentos” (“Entérate ¿Qué es el código rojo?”, 2015).

8 Diversos medios de comunicación han señalado la relación de Gutiérrez Nájera con el Cartel Jalisco Nueva Generación, para más información se pueden consultar las siguientes notas: De la revista proceso http://www.proceso.com.mx/405102/vinculan-a-najera-y-solorio-con-el-narco, del periódico El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2015/07/9/el-mencho-tenia-proteccion-de-autoridades-locales-revelan, el medio digital Sin Embargo http://www.sinembargo.mx/07-05-2015/1336982, entre otras.

9 Periodistas como Alejandra Guillén y Darwin Franco Migues reflejan esta situación en sus artículos. “Fiscalía Presenta números confusos” del diario Máspormás https://www.maspormas.com/2015/10/15/fiscalia-presenta-numeros-confusos/ y “Fiscalía desconoce información sobre la desaparición de mil 972 personas” del medio digital Proyecto Diez http://www.proyectodiez.mx/fiscalia-desconoce-informacion-sobre-la-desaparicion-de-mil-972-personas/

10 En el informe 2015 del RNPED (2016), se indicó que a 31 de diciembre se contaba en el estado de Jalisco con 2,230 personas desparecidas (p. 25), posicionando a Jalisco en el tercer lugar a escala nacional, junto a Nuevo León.

11 El comunicado de prensa puede ser consultado en: https://cepad.org.mx/2015/12/carta-apoyo-fundej-cremacion- cuerpos- no-identificados/

12  A través del oficio IJCF/UT/006/2017.

13 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 10 de abril de 2016.

14 El oficio FG/UT/7124/2016 da cuenta de la realización de 19,955 reportes de personas desaparecidas en Jalisco en el periodo que va del año 2006 al 30 de septiembre de 2016, de los cuales 3,525 seguían pendientes de ser localizados. Estas cifras contrastan con las 2,523 desapariciones reportadas por esta dependencia al Registro Nacional de Personas Extraviadas y desaparecidas desde el año 2007 al 31 de octubre de 2016, que reflejan una disparidad de 1,003 casos que difícilmente pudieron ser localizadas.