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Desapariciones en el sexenio de Emilio González Márquez

Desapariciones dentro de la ola de violencia e impunidad desatada en el sexenio de Emilio González Márquez (periodo 2007-2012)

Ana Elizabeth Cabral Pacheco,
Abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad)

Seguiremos gritando, seguiremos buscando, seguiremos luchando, hasta encontrarlos. – Guadalupe Aguilar

El gobierno de Emilio González Márquez inició en el marco de la “guerra contra las drogas” emprendida por el ex presidente Felipe Calderon Hinojosa como estrategia de seguridad a nivel federal1. En ese contexto, se hizo visible la escala de violencia en el territorio nacional y las cifras de delitos de alto impacto se multiplicaron de manera exponencial en el trascurso del sexenio2, sin una visión clara de cómo el despliegue de fuerzas armadas acabaría, o al menos disminuiría, el problema del narcotráfico.

Aparentemente, Jalisco se encontraba en calma. Sin embargo, en la administración panista surgiría el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado recientemente por los medios de comunicación como el grupo del crimen organizado con más presencia en el territorio nacional (Lemus, 2017). En un principio éstos operaban como una célula del Cártel de Sinaloa en la entidad, a cargo de Ignacio “Nacho” Coronel Villareal, en alianza con el Cártel del Milenio del vecino estado de Michoacán. El periodista Héctor De Mauleón (2015) narra como la detención de los hermanos Valencia, líderes del cártel michoacano, entre el 2009 y 2010, así como el asesinato de Ignacio “Nacho” Coronel durante un operativo llevado a cabo por personal del Ejército mexicano en el fraccionamiento Colinas de San Javier de la ciudad de Guadalajara en el 2010, resquebrajó el vínculo entre el ambos cárteles, abriendo paso al surgimiento del CJNG como una ruptura interna de este último.

En este escenario, se recrudeció la violencia en el territorio estatal en los últimos años del sexenio de Emilio González, mientras crecía el CJNG y la pugna por el territorio jalisciense de ese grupo con otros cárteles, por lo que se hicieron cada vez más visibles los homicidios violentos cuyas víctimas mostraban huellas de tortura.

En 2011 inició la práctica de bloqueos en diversos puntos de la ciudad de Guadalajara, destacando los ocurridos en febrero con alrededor de siete puntos donde fue afectado el paso de vehículos mediante la quema de autobuses y camiones urbanos. Unos días antes de éstos hechos fue colocada una manta que acusaba a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, al titular Luis Carlos Nájera, sus subalternos Alejandro Solorio y Carlos Alejandro Cárdenas, de brindar protección al CJNG (Maguey, 2011).

La situación de las víctimas de desaparición en Jalisco, fueron expuestas por sus familias quienes, a difundirlas públicamente, y presionar al gobierno estatal a emprender acciones orientadas a la búsqueda de sus seres queridos. Quizás el caso más emblemático es el protagonizado por la señora Guadalupe Aguilar, mujer que increpó a Felipe Calderón Hinojosa por la desaparición de su hijo José Luis Arana Aguilar, en el marco del mensaje regional del quinto informe de gobierno en septiembre de 2011. “¿Dónde está?”, insistió de forma desesperada Guadalupe, “mi hijo no está mezclado con la delincuencia, es trabajador, entonces ¿qué ha pasado con él?” (“Más de dos mil denuncias por desaparecidos en Jalisco”, 2011), publicó el periódico local El Informador, al mismo tiempo que se daba cuenta que para ese año se contabilizaban 2 mil 270 denuncias por desaparición en Jalisco. Según refiere la propia madre de José Luis en el Informe de la situación de los derechos humanos 2013 del Cepad (2014), el presidente dio su palabra en aquel momento, pero los resultados no llegaron:

Hablé con la máxima autoridad del país, Felipe Calderón, y logro que me atienda, que me escuche y que me dé su palabra de presidente de buscar a mi hijo, ¡de encontrarlo!, pero puras mentiras del tamaño de mi alegría y esperanza al hablar con él. De ese tamaño fue mi frustración a los dos o tres meses que se acabó la comunicación con las personas indicadas (p. 22).

El crecimiento de desapariciones y la ola de violencia se hizo ineludible poco después, cuando fueron encontrados el 24 de noviembre de 2011, 26 cuerpos abandonados en el interior de tres vehículos en los Arcos del Milenio, monumento localizado en el cruce de dos vialidades importantes del municipio de Guadalajara, a pocos días de la realización de la Feria Internacional del Libro (FIL) (Cobian y Osorio, 2011). Los asesinatos se atribuyeron a una venganza de los Zetas en alianza con el cartel Milenio, por el hallazgo de 35 cuerpos en Boca del Río, Veracruz dejados en la plaza de las Américas que se adjudicaría el nuevo cartel.

Días después se dio a conocer que habían sido identificadas 19 de las víctimas a través de una rueda de prensa realizada por el entonces procurador Tomás Coronado Olmos: todos hombres, la mayoría de entre 20 y 30 años de edad, y de ocupaciones varias como chófer, mecánico, pintor, empleados de piso, entre otros. Algunos de ellos desaparecieron poco tiempo antes del incidente y sus familiares habían realizado la denuncia correspondiente en la Procuraduría General de Justicia (Patiño, 2011)

A menos de un mes, el 14 de diciembre de 2011, se difundiría en medios de comunicación el hallazgo de más restos humanos por la Procuraduría, ahora en el interior del edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Los cadáveres correspondían a cuatro estudiantes de la preparatoria número 8 de la Universidad de Guadalajara y el padre de familia de uno de ellos, cuya desaparición había sido reportada el 9 de diciembre. El caso se volvió mediático y como antecedente se señaló la posible responsabilidad de la organización estudiantil:

La PGEJ detalló que el adulto, propietario de un negocio de churros instalado a las afueras del edificio, había tenido problemas con presuntos miembros de la FEG, ya que estos le exigían el pago de una “cuota”. El pasado viernes, el hombre acudió con los cuatro jóvenes desaparecidos a entrevistarse con los señalados; sin embargo, ya no volvieron a ser vistos. (Incertidumbre por cadáveres encontrados en edificio de la FEG, 2011).

El rector de la Universidad de Guadalajara reiteró la posible responsabilidad de la FEG, mientras que la organización estudiantil se deslindó de lo ocurrido a través de un comunicado (López, 2011).

En el último año del sexenio panista, los bloqueos por parte de grupos del crimen organizado en el estado continuarían, como respuesta a operativos realizados por el ejército y autoridades federales para aprehender a los líderes del CJNG. La población vivió dos episodios de esta naturaleza, uno en el mes de marzo, como respuesta por la detención de Erick Valencia “el 85”, y otro más en agosto, con 28 bloqueos en diversos puntos del estado para facilitar el escape de Nemesio Oseguera Cervantes, a raíz de la realización de un operativo en el municipio de Tonaya por autoridades del orden federal (“Los narcobloqueos en Jalisco, plan”, 2012).

Asimismo, el abandono de cadáveres en la vía pública registró un nuevo caso el 9 de mayo de 2012, ahora en el kilómetro 25 de la carretera a Chapala, en una brecha que lleva a La Querencia, localidad del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. En esa ocasión fueron encontrados 18 cuerpos en dos camionetas, a los que se sumó el hallazgo de otros 2 cadáveres en el municipio del Arenal. Días antes, los familiares de las víctimas habían denunciado ante las autoridades las desapariciones, entre la última semana de abril y los primeros días de mayo, como señala Alejandra Guillén (2015) en un reportaje publicado a un año de lo ocurrido.

Este suceso estaba vinculado a un plan mayor: dejar 30 cuerpos el 10 de mayo en la ciudad de Guadalajara, lo cual no logró llevarse a cabo porque el 8 de mayo 12 víctimas lograron huir de una casa de seguridad en el municipio de Tala. De la detención de Laura Rosales, quien fue identificada como responsable por los privados de la libertad, se supo de la existencia de otra finca donde se recluía a personas en el municipio de Chapala y de los cuerpos que fueron abandonados.

Otro detenido, Juan Carlos Antonio Mercado “El Chato”, señalado como responsable de la privación de la libertad de personas en Tala, se vinculó el abandono de los cuerpos en la carretera y las “casas de seguridad” del crimen organizado a las afueras del poblado de Ahuisculco, en Tala y la de Chapala. “El Chato” declaró que las víctimas eran seleccionadas al azar (Osorio, 2012).

A pesar de la evidente violencia en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado de Jalisco, en especial el aumento de casos de personas desaparecidas, la problemática no tomó parte del discurso gubernamental, mientras que la atención a nivel nacional se enfocaba más en los Estados del norte del país.

La coyuntura de la Caravana por la Paz, impulsada por el Movimiento por la Justicia y la Dignidad, generó durante su visita a Jalisco, que algunas familias de personas desaparecidas se organizaran para hacer frente a las autoridades estatales y compartir las experiencias en el proceso de justicia y búsqueda, así como reconocer el problema y la falta de acciones para resolver los casos de desaparición de personas, integrando el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) (Nuño, 2015).

Documentación de casos de desaparición forzada en Jalisco

Los organismos públicos de derechos humanos investigaron casos de posible responsabilidad de autoridades locales, generando las primeras recomendaciones por desaparición forzada en la entidad, como son los siguientes:

  1. La recomendación 34/2012, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición forzada de 6 personas en el año de 2010, la cual fue atribuida a elementos del ejército en el municipio de Jolitlán de los Dolores3.

De la investigación realizada por la CNDH no se pudo desprender información que permitiera dar con el paradero de las víctimas, debido a que elementos del ejército entrevistados únicamente manifestaron que las víctimas fueron liberadas en una brecha, por lo que la Comisión recomendó al Secretario de la Defensa Nacional que girara las acciones necesarias para realizar la búsqueda de las 6 personas desaparecidas, reparar mediante indemnización los daños ocasionados a sus familiares, así como brindarles atención médica y psicológica, y que se apoyara al organismo para hacer las denuncias correspondientes.

  1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 40/2012, por una queja interpuesta en marzo de 2012. Las víctimas eran dos hombres de Tala que fueron detenidos en el municipio de Villa Corona, de los que sus familiares no supieron más sobre su paradero después de visitarlos en la cárcel municipal4. Meses después de interpuesta la queja, la Comisión señala en el documento que los hombres fueron encontrados por el Ministerio Público de Acatlán de Juárez y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en una fosa clandestina con tiros en la cabeza en el municipio de Cocula.

De este caso se derivó la detención del entonces presidente municipal de Villa Corona, José de Jesús Ortiz Uribe y su hijo por su participación en estos hechos, quienes fueron enjuiciados por el delito de secuestro agravado (“Dan formal prisión a ex alcalde en Jalisco”, 2013), debido a la falta del tipo penal de desaparición forzada en el Código Penal del Estado de Jalisco.

Por otra parte, las desapariciones de defensores de derechos humanos también fueron sello de la administración de González Márquez. El Cepad y otras organizaciones civiles hicieron visible las omisiones en las investigaciones de la desaparición del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio, ocurrida el 24 de octubre de 2012 en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco, y posteriormente se interpuso un amparo por Bios Iguana A.C. que llegó al Segundo Juzgado de Distrito en el estado de Colima, donde se concedió una suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la extracción violenta e ilegal y la desaparición forzada del defensor del territorio, por lo que ordenó a las autoridades responsables que practicaran las diligencias necesarias, conducentes y adecuadas, a fin de lograr su localización (Difusión Cencos, 2013).

La CEDHJ inició el acta de investigación 34/2012, que fue atraída por la Comisión Nacional y concluyo en la emisión de la recomendación 67/2013 por la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la debida procuración de justicia y derecho a la verdad por dilación y omisión en la práctica de diligencias orientadas a la búsqueda y localización inmediata de la víctima (CNDH, 2013, párr. 41). Sin embargo el caso sigue impune.

Otro caso fue la desaparición de José de Jesús Romero Quintero, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, Jorge Ruiz López, tesorero, y Rafael Espinosa Díaz, encargado de la vigilancia de la cooperativa, quienes denunciaban a las autoridades el daño ambiental en el estero el Ermitaño, ocasionado por la privatización de la zona adyacente al humedal y que ha perjudicado la pesca de camarón para los pobladores de la zona. La cooperativa recibió amenazas de empresarios asentados en el área colindante al estero, y sobre la suerte de los pescadores, lo último que se supo fue que acudieron a una reunión en las oficinas de Guadalajara de la entonces llamada Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES) de Jalisco el 24 de marzo de 2011. No obstante, esta situación, al igual que la desaparición de Celedonio Monroy carece de avances concretos en las investigaciones.

Conclusiones

Durante la administración de Emilio González Márquez, Jalisco vivió un recrudecimiento de la violencia por actos cometidos por la pugna existente entre diversos grupos del crimen organizado. La afectación a la población se hizo evidente con las muestras de violencia que mostraba la dinámica de la desaparición, la ejecución y el abandono de los cuerpos en la vía pública de personas que no guardaban relación con los grupos criminales.

Además, los organismos públicos de derechos humanos comenzaron a investigar marginalmente casos de desaparición forzada, así como la actuación de agentes ministeriales y policiales de la Procuraduría General de Justicia. El Gobierno del Estado mostró su incapacidad ante un fenómeno que iba aumentando, incluso fue omiso en reconocer que las desapariciones constituían una parte de las problemáticas en materia de seguridad ni la dimensión que tenían en ese entonces. Sin embargo, Jalisco dejó de ser el estado donde no pasaba nada.

De acuerdo a las cifras reportadas por la Fiscalía General del Estado5, a 30 de septiembre de 2016 se contabilizaban 981 personas desaparecidas pendientes de ser localizadas, casos que se acumulan con otros miles de expedientes pendientes de ser resueltos por la autoridad, cuyas familias siguen esperando que se haga justicia y se esclarezca que fue lo que ocurrió con sus seres queridos.

Bibliografía

Cobian F. y Osorio A. (2011) Ligan al cártel del Milenio-Z con hallazgo de 26 cuerpos en Guadalajara. Proceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/289106/abandonan-23-cadaveres-en-guadalajara-la-vispera-de-la-fil.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (s/f) Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México. Recuperado de http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-violaciones-graves-a-ddhh-en-la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico.pdf

Cepad (2014). Informe Sobre la Situación de los derechos humanos 2013. México: Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

Comisión Estatal de Derechos Humanos (2012). Recomendación 37/2012. Recuperado de: http://cedhj.org.mx/reco2012.asp

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2012). Recomendación 34/2012. Recuperado de: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2013). Recomendación 67/2013. Recuperado de: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones

Dan formal prisión a ex alcalde en Jalisco y a su hijo por secuestro (9 de abril de 2013). Excelsior. Recuperado de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/09/893039

De Mauleón, H. (2015, septiembre). CJNG: la sombra que nadie vio. Revista Nexos. Recuperado de: http://www.nexos.com.mx/?p=25113

Difusión Cencos (2013). Juzgado Segundo de Distrito en Colima demanda a autoridades la presentación de Celedonio Monroy Prudencio. Recuperado de: https://cencos.wordpress.com/2013/11/15/juzgado-segundo-de-distrito-en-colima-demanda-a-autoridades-la-presentacion-de-celedonio-monroy-prudencio/

Incertidumbre por cadáveres encontrados en edificio de la FEG (15 de diciembre de 2011). El informador. Recuperado de:

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/344673/6/incertidumbre-por-cadaveres-encontrados-en-edificio-de-la-feg.htm

Lemus, J. (7 de agosto de 2017). CJNG: La expansión. Reporte Índigo. Recuperado de: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/cjng-crimen-organizado-disputa-territorios-sinaloa-seguridad?page=2

López, V. (16 de diciembre de 2011). La FEG se deslinda de muerte de estudiantes. Animal Político. Recuperado de: http://www.animalpolitico.com/2011/12/udeg-exige-desmantelar-al-%E2%80%9Cgrupo-criminal%E2%80%9D-de-la-feg/

Los narcobloqueos en Jalisco, plan de distracción para que huyera El Mencho (26 de agosto de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/29/politica/009n1pol.

Maguey, C. (2 de febrero de 2011) Arde Guadalajara; había advertencias. Animal Político. Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2011/02/arde-guadalajara-habia-advertencias/

Más de dos mil denuncias por desaparecidos en Jalisco. (8 de septiembre de 2011). El informador. Recuperado de: http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/320711/1/mas-de-dos-mil-denuncias-por-desaparecidos-en-jalisco.htm

Nuño, A. Crece número de desaparecidos en Jalisco (10 de mayo de 2015). NTR Guadalajara. Recuperado de: http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=3338

Osorio A. (13 de mayo de 2012). Cae “El Chato”, líder zeta ligado a masacre de 18 en Jalisco. Proceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/307405/cae-el-chato-lider-zeta-ligado-a-masacre-de-18-en-jalisco

Patiño M. (25 de noviembre de 2011) Revelan identidades de cuerpos abandonados. El Informador. Recuperado de: http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/340312/6/revelan-identidades-de-cuerpos-abandonados.htm

Notas al pie de la página

1En diciembre de 2006, el gobierno federal inició una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado que fue llamada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (s/f) “esta política instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública del país a través del despliegue de miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional y la sustitución de múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, por militares en activo o en retiro” (p. 5).

2Para más información respecto al aumento de delitos en Jalisco y otras entidades federativas se pueden consultar las estadísticas de autoridades federales sistematizadas por el Observatorio Nacional Ciudadano http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/

3.  Las víctimas fueron sustraídas por los militares del domicilio donde se reunían para irse a trabajar sin contar con una orden judicial, con la justificación de que habían recibido un reporte de que en el lugar se realizaban actividades ilícitas. De las declaraciones se señala que fueron sacados del sitio y se los llevaron con dirección a Tepalcatepec hasta llegar a una brecha, donde fueron liberados. No obstante, contradicciones en la información aportada inicialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente por el Subdirector de Asuntos Nacionales de la Dirección General de Derechos Humanos permitió a la CNDH concluir que se estaba ocultando información sobre lo ocurrido y del paradero de las personas desaparecidas.

4.  Cuando acudieron únicamente pudieron ver las manos de uno de los hombres que sobresalían de los separos y el personal municipal les pidió a sus familiares que regresaran hasta que estuviera presente el director de Seguridad Pública, el cual dijeron se encontraba de vacaciones. Cuando las familias de las víctimas acudieron el día siguiente les dijeron que habían sido liberados por órdenes del presidente municipal, pero en su investigación la Comisión obtuvo testimonios de que personas del CJNG fueron a recogerlos a los separos municipales, bajo la orden del presidente de que la policía debía retirarse de las instalaciones mientras estaba presente el grupo del crimen organizado.

5.  Conforme a la respuesta otorgada vía transparencia en el Informe Específico realizado por la autoridad, contenido en el oficio FG/UT/7124/2016