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LA EXPANSIVA VIOLENCIA EN JALISCO A SU MÁXIMO ESPLENDOR.

EL 1 DE MAYO DE 2015

Jade Ramírez Cuevas V.  

Darwin Franco Migues

 

En mi celular nunca apareció el número de donde

me avisaron que militares se llevaban detenido a mi esposo.

Viuda de Juan Antonio,

ejecutado extrajudicialmente en mayo de 2015.

En Jalisco, la progresiva militarización de la seguridad pública en 2015 derivó en un escenario propicio para graves violaciones de derechos humanos, más que por la cantidad de muertes, por el impacto violento contra la sociedad en general; puso en riesgo su vida e integridad física, en entornos aparentemente tranquilos.

En este artículo hacemos una recapitulación de los daños a la población civil a partir de la Operación Jalisco, ordenada por el gobierno federal en el mes de mayo, aunque tal violencia no tuvo origen este año sino deviene de históricos enfrentamientos y situaciones de riesgo en el estado entre delincuencia organizada y la estructura gubernamental.

La mañana del 1 de mayo de 2015, Jalisco vivió uno de los episodios más cruentos desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México. Ese día, en menos de dos horas se presentaron 39 bloqueos violentos o narcobloqueos: once bancos y cinco gasolineras fueron incendiadas y un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue derribado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

¿Por qué en específico enfrentar al CJNG?

Es importante regresar al surgimiento del Cártel de Guadalajara, en los años ochenta. Al frente de esta organización se encontraban Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En esa misma década los tres fueron detenidos.

Rafael Caro Quintero salió libre el 9 de agosto de 2014 del penal federal de Puente Grande por violaciones al debido proceso en la acusación de privación de la libertad y homicidio del exintegrante de la Agencia Antidrogas estadounidense (dea, por sus siglas en inglés). El 16 de enero de 2015, Caro Quintero nuevamente fue declarado culpable de los homicidios de Enrique Camarena y Alfredo Zavala por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Hoy Caro Quintero está prófugo de la justicia.

El estado de Jalisco como plaza, estuvo dominada por dos grupos criminales durante dos décadas: el Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia, y el Cártel de Sinaloa, que operaba para labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.

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Foto: Ana Paola Monreal

Los líderes del Cártel de Los Valencia fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en 2010. Esto provocó la conformación de los cárteles Jalisco Nueva Generación (cjng) y La Resistencia. El primero, desde su inicio, ha estado bajo el mando de Nemesio Oseguera “El Mencho”, y La Resistencia estaba encabezada por Elgidio Migarro “Don Pilo”. Antes de su extinción, el Cártel de Los Valencia generó narcobloqueos, dejando un clima de terror y violencia contra la población civil. El primer bloqueo sucedió el 15 de enero de 2011 y el segundo, el 1 de febrero del mismo año. En ambos hechos se incendiaron vehículos para impedir el traslado de sus principales líderes.

Desde que surgió el cjng, en 2010, han tenido una disputa por el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Zetas. En 2011 se autodenominaron “mata zetas” al adjudicarse la muerte de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en Guadalajara, el 26 de noviembre de 2011.

Es importante resaltar su poderío al amparo de autoridades municipales y estatales. En 2012, cuando la Sedena capturó a uno de sus líderes, Erick Valencia Salazar “El 85”, la respuesta contra la población civil fue 25 narcobloqueos en el estado. El 25 de agosto de 2013, en el municipio de Tonaya, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oseguera “El Mencho” pero durante su escape el capo generó 22 bloqueos violentos, también en diversos puntos del estado.

El crecimiento del cjng coincide con la función pública de Luis Carlos Nájera Gutiérrez en materia de seguridad en el estado. Nájera Gutiérrez fue nombrado secretario de Seguridad Pública en 2006. Sus funciones le valieron ser el único funcionario en transitar del gobierno de Emilio González Márquez (pan) al de Aristóteles Sandoval (pri), quien como gobernador trasformó la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) en Fiscalía General, centralizando todo el control en Luis Carlos Nájera.

En nueve años de Luis Carlos Nájera Gutiérrez como responsable de la seguridad en Jalisco, incrementaron los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, y el hallazgo de fosas clandestinas se volvió tema de la agenda. También en este periodo, el cjng pasó de ser una célula delictiva local a convertirse en uno de los principales cárteles nacionales e internacionales. Nájera Gutiérrez fue separado de sus funciones el 6 de julio de 2015, dos meses después de iniciado el Operativo Jalisco y no hay aún una investigación en su contra.

El 1 de mayo, la violencia de alto impacto se desbordó

El viernes 1 de mayo la noticia fue que 25 municipios del estado estaban siendo víctimas de acciones de terror por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en reacción al enfrentamiento que éste sostuvo en esa madrugada con integrantes de fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación.

Más tarde se oficializó el inicio de la Operación Jalisco y comenzaron a revelarse violaciones de derechos humanos a civiles como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, particularmente en la región sur del estado, centro de operaciones del cártel. El saldo oficial de un solo día fue:

39 bloqueos de vialidades por la quema de 36 camiones y vehículos.

3 intentos fallidos de bloqueos.

25 municipios afectados (siete en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto en 18 municipios de Jalisco).

4 enfrentamientos armados (en uno de ellos se disparó un lanzacohetes desde tierra a un helicóptero militar, lo cual provocó que se desplomara).

12 puntos carreteros afectados.

19 detenidos (10 de ellos fueron consignados a la pgr por delitos de terrorismo y delincuencia organizada).

12 muertos (ochos militares, un policía estatal, un civil y dos presuntos delincuentes).

19 heridos (13 elementos de las fuerzas federales, cinco civiles y un policía estatal).

26 rutas de transporte público suspendidas.

11 sucursales bancarias incendiadas.

19 gasolineras afectadas (cinco incendiadas y en 14 existió la tentativa de incendio).

2 comercios particulares incendiados.

El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, confirmó los datos sin detallar por qué su administración desconocía el inicio de la Operación Jalisco y vía Twitter el Fiscal General afirmó desconocer también el tipo de operación que el gobierno federal emprendía.

La respuesta, en cambio, vino de manera inmediata del gobierno federal y el gabinete de seguridad que se instaló un par de días en Jalisco para trazar un plan de acción que los llevara a la detención de los principales líderes del cjng. Su objetivo central era Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, pero logró escapar la mañana del 1 de mayo, según la versión del gobierno.

La Operación Jalisco estuvo encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (pgr), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), bajo un Mando Único coordinado por el comandante de la V Región Militar, Miguel Gustavo González Cruz.

De las reacciones violentas del cjng en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, resultó el derribo del helicóptero Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009, de la Sedena. En el ataque murieron ocho soldados, un policía federal y 13 militares resultaron heridos. A Jalisco arribaron 10 mil militares.

 

Villa Purificación, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

Villa Vieja, delegación del municipio de Villa Purificación, es una comunidad de 97 personas con más de 27 casas habitación. Las ofertas de trabajo son el campo, los aserraderos y las minas de hierro. Ahí inició la Operación Jalisco, con una balacera entre integrantes del Grupo de Fuerzas Especiales de la Sedena e integrantes del cártel.

Ese día también, se dieron desapariciones de personas y ejecuciones a manos de integrantes del ejército. El gobierno federal sólo reconoció la muerte de ocho civiles. Sin embargo, estas personas permanecieron casi tres semanas en calidad de desaparecidas porque a sus familias se les negó información desde el 1 de mayo.

A Rosa, la esposa de Juan Antonio Gaona de la Mora, le llamaron a su celular el 3 de mayo. De manera anónima, una voz masculina le dijo que a su esposo se lo habían llevado detenido los militares. Él trabajaba en una mina de Villa Purificación y la última vez que se habían hablado fue el 30 de abril, para que saludara a su hijo de 9 años.

Anduve solita en El Grullo, me fui a la Semefo y no me dieron razones de nada, me tuve que ir a la presidencia municipal, luego en Autlán también anduve preguntando por mi esposo y ahí conocí a las otras viudas buscando a sus maridos, pero no nada más éramos nosotras, la gente en esa región tiene mucho miedo, no querían hablar, pero sé que el 5 de junio en El Grullo vieron cómo trasladaban cuerpos apilados los militares.

 

Los dejaron descomponerse al aire libre

Los cuerpos de estas ocho personas que murieron, según la versión del gobierno el 1 de mayo, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Guadalajara hasta el 19 de mayo. Todo ese lapso estuvieron bajo el resguardo del ejército y no existieron las medidas necesarias para garantizar la preservación de los cuerpos.

Testigos oculares aseguran que varias personas fueron asesinadas y se mantuvo a algunas heridas, apiladas, en el campamento militar de difícil acceso en esa misma zona, camino de Villa Vieja a Punta Pérula, por una brecha pasando el río Purificación.

Las mujeres en búsqueda de sus familiares, a través del abogado Javier Díaz, interpusieron el amparo 666/2015 ante el Juzgado Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad de las personas que murieron en la primera acción de la Operación Jalisco. Las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo García y Fernando Gaspar González, presentaron su denuncia por desaparición.

Entonces se vino una cadena de silencios y omisiones, pues no se precisó por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena ni cuáles fueron las causas reales de su muerte. El 18 de mayo se informó que eran “bajas” de un enfrentamiento que sostuvieron militares contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación entre el 16 y 17 de mayo, e intentaron criminalizarlos. Después se confirmó que su muerte sucedió desde el 1 de mayo.

A la señora Rosa le mostraron el 1 de junio fotografías de varios cadáveres y finalmente, el 2 de junio le entregaron el cuerpo de su esposo Juan Antonio. Ella identificó dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el abdomen; que su cuerpo estaba quemado; oscurecida y agrietada la piel que originalmente era blanca, y traía rastros de tortura en el cuello como si lo hubiesen colgado, porque los ojos estaban salidos del orificio.

Su reclamo ante el Servicio Médico Forense era doble: devolverle las pertenencias que traía consigo Juan Antonio en su billetera, una carta que le escribió en su aniversario número once de matrimonio, una fotografía de su hijo y ella, un rosario verde, un anillo y su teléfono celular. El segundo reclamo o negación, fue que él no pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación como le afirmó el personal de la Procuraduría General de la República. Asegura que cuando le mostraron el cuerpo, venía casi desnudo excepto por un fajo piteado con las iniciales “cjng”, pero no estaba sucio, ni manchado o ensangrentado, parecía nuevo.

Yo lo afirmo, cayeron justos por pecadores. Conozco las injusticias que comenten los militares, ellos al ver su prepotencia, al sentirse así por no agarrar a ese fulano El Mencho, hicieron eso con mi esposo y no nada más con estos ocho, son muchos más en Autlán. El día 3 de mayo en el Semefo nos dijeron que había 40 personas.

La señora Rosa, quien tuvo que huir de su vivienda en Ciudad Guzmán porque el 19 de junio sus vecinos en la colonia San Cayetano le avisaron que estaban los militares rodeando su casa, se cuestiona el comportamiento de las autoridades locales, estatales y de la pgr.

¿Por qué el mismo gobierno no me llamó? ¿Y sus derechos de mi esposo dónde quedan? Él traía su celular y su credencial del ife. Así él hubiera estado en un lugar que no debía ¿Por qué no me llamaron? ¿Me querían detener y desaparecer a mí también cuando entraron a mi casa?

Rosa y Juan Antonio se casaron en la iglesia de Tepalcatepec, Michoacán. Reconoce que aún sigue mal de salud y los nervios; quiere justicia pero no tiene dinero para los trámites: otra necropsia y viajar a la Ciudad de México para preguntar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (seido), debido a que allí radica el expediente del caso por haberlos vinculado a la delincuencia organizada.

Antes de la desaparición forzada y ejecución final de su marido, ya conocía el tipo de comportamiento de los militares en su ciudad natal por otras vejaciones que han cometido contra mujeres o población en general. Sabe lo que es vivir aterrorizados desde que el cártel de Los Caballeros Templarios, también, descompuso la vida en aquella región. Ese fue el motivo por el que migraron a Jalisco.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (chdh) se abrió la queja 3593/2015 y en la seido la carpeta es la pgr/seido/ueds/228/2015, pero ningún familiar de las víctimas señaladas como sicarios del cjng han tenido acceso a la misma y tampoco conocen el estatus de la investigación.

Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron. Metimos el amparo y nos dijeron que los cuerpos habían sido trasladados a Guadalajara. En las fotos que me enseñaron no lo podía reconocer porque los cuerpos estaban en muy mal estado. Él era un buen hombre y cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala, uno en la ceja derecha y otro en el pómulo. Lo que quiero que me digan es por qué lo desaparecieron y por qué me lo mataron.

Es la duda de la señora Adriana, esposa de Margarito Capetillo, de 42 años de edad y padre de tres hijos, que trabajaba en un aserradero de Tecomán, Colima, y había sido policía en El Limón, Jalisco, pero dejó ese empleo porque no pasó el examen de control de confianza. En su caso, también recibió una llamada telefónica avisándole que a su marido lo habían detenido militares y enfrentó el mismo tormento que las otras familias.

Los cuerpos de Alan Rogelio Arredondo Curiel y Fernando Gaspar González también fueron entregados a sus familias con huellas de tortura el 3 de junio de 2015. Los otros cuatro cuerpos, también remitidos al Semefo por los hechos en Villa Purificación, no han sido identificados.

Sin embargo, en ningún caso se mostró a los familiares de las personas identificadas el acta ministerial sobre el hallazgo de los cuerpos y detalles de cómo se habían encontrado, su posición y el procedimiento del levantamiento de cadáveres; tampoco tuvieron copia del expediente, excepto un acta de defunción. La información que obtuvo el abogado Díaz sobre las pruebas toxicológicas que les practicaron fue que resultaron negativas, al igual que la prueba de Walker (distancia de disparo), por lo que se presume que los señalados por la seido como sicarios, no dispararon ningún arma de fuego.

Hasta la conclusión de este artículo, se desconoce el inicio de investigaciones a elementos del ejército mexicano por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

La vida en Villa Purificación, El Grullo, El Limón y Autlán, como en el resto de los municipios que experimentaron el reforzamiento de la seguridad después del 1 de mayo, regresó paulatinamente a la normalidad. Los habitantes aseguran que máximo un mes después, los pelotones del ejército se retiraron de la región quedando los menos visibles, y posteriormente, la policía federal que patrullaba sin detener o hacer mayor trabajo de inteligencia también salió de la región.

Entre los habitantes de la región persiste un ambiente de miedo. Ellos poseen información cotidiana respecto a los movimientos de los cárteles en la zona y hasta logran identificarcuando algunos enviados de la prensa se lo piden, los ranchos y propiedades de “El Mencho”, el más buscado por el gobierno federal después del Joaquín Guzmán Loera. Tales fincas se ven intactas y los sitios que frecuentan para diversión continúan ofreciéndoles servicios sin reparo ni acotamiento.

A nueve meses de la Operación Jalisco, ninguna de las familias de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ha vuelto a recibir una llamada telefónica o visita de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atención médica, psicológica o simple orientación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.