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La memoria de los desaparecidos de la Guerra Sucia

La memoria de los desaparecidos de la Guerra Sucia

Alejandra Guillén, periodista independiente

No nos cansamos ¡cómo nos vamos a cansar si no nos quitaron cualquier cosa. Nos quitaron un hijo, un esposo, una hermana y esos lazos no se rompen! Nuestra demanda mínima es la máxima y la máxima es la mínima. No se puede negociar un hijo ni un hermano. – Rosario Ibarra de Piedra

La problemática de los desaparecidos en México tiene un espeluznante antecedente. Desde los años sesenta el gobierno mexicano masacró y desapareció a quienes protestaban contra el régimen priista y a los que decidieron irse a la clandestinidad a formar guerrillas urbanas y rurales. Aplicaron la guerra de contrainsurgencia dictada desde Estados Unidos contra las guerrillas rurales principalmente en los estados de Guerrero y Morelos. Sin embargo, en los años setenta, ya para terminar la década los represores y torturadores mexicanos eran tan experimentados que los “vuelos de la muerte” empezaron antes en Jalisco que en Chile y Argentina, con las dictaduras militares. Varios jóvenes estudiantes fueron detenidos y trasladados al 17 Regimiento de Caballería, con sede en Ameca, Jalisco, luego:

aparecieron sin vida flotando en el lago de Chapala. Habían sido lanzados de un avión de la Fuerza Aérea, que partió de la Base Áerea Militar N.º 5 de Zapopan, mientras se encontraban inconscientes por el efecto de una droga para caballos que les inyectaron. Se encontró junto a ellos una gorra militar que tenía el nombre del teniente de Caballería Ángel Carrillo Herrera. (Castellanos, 2007, p.101 y 102)

De la Guerra Sucia de los setenta hay una lista de 789 desaparecidos; el caso más antiguo, documentado, es el de Siplicio de Jesús de la Cruz, a quien lo desaparecieron en octubre de 1970 del municipio de Santiago, Guerrero. Esta práctica continuó expandiéndose por ese mismo estado y después, en 1972, se reportó un caso en Puebla; en 1973 ocurrió la primera desaparición en Jalisco, la de Rodolfo Reyes Crespo, quien era integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En esos años se llevaron de esa misma entidad a decenas de jóvenes y adultos, entre ellos al papá de un militante de la Liga Comunista 23 de septiembre1. El 23 de agosto de 1977 en la ciudad de Guadalajara, seis policías fuertemente armados sacaron de su domicilio al señor Jorge Reyes Mayoral Jáuregui. Esta desaparición forzada es hasta ahora el caso mejor documentado porque la fotografía de su detención fue publicada en el diario El Informador, de la ciudad de Guadalajara, y en ella se ve perfectamente el rostro de los policías que se lo llevaron.

Los policías secretos de aquella época se llevaron a los hijos de aproximadamente 20 familias (las listas difieren), quienes militaban o simpatizaban con la Liga Comunista 23 de septiembre. La mayoría eran vecinos del barrio El Zapote, en el municipio de Zapopan. La sociedad no los sintió como propios y prácticamente los olvidó. Tal vez la gente ni conoce sus nombres, o si los conocen piensan que se lo merecían porque “en algo andaban”, reproduciendo la narrativa que el gobierno ha usado desde entonces para justificar la desaparición forzada.

Las madres de los jóvenes desaparecidos buscaron por décadas, exigieron la presentación de sus hijos con vida, lucharon por mantener su memoria viva, advirtieron que si no había verdad y justicia, esto se repetiría.

En el derecho internacional, los familiares de la víctima tienen el derecho a conocer lo sucedido con la persona desaparecida, así como la localización de sus restos mortales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contempla el derecho a saber la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Asimismo, la sociedad tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias que llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (CIDH, 2014).

De los años ochenta y casi todos los noventa, la Fiscalía de Jalisco no tiene ni siquiera estadísticas, como si la práctica de la desaparición no hubiera continuado durante ese periodo. La constante en las dependencias es tratar de desaparecer a los desaparecidos incluso de los registros. La cuenta comienza en 1997, con un solo desaparecido, un hombre de 62 años de Zapopan. Así continuó hasta el año 2000 y comenzaron a incrementarse los casos, de manera que pasamos de tener una denuncia al año a tener hasta dos por día y un acumulado de más de tres mil desaparecidos.

La intención de recordar lo que pasó hace cuatro décadas, de traer la memoria del señor Mayoral y de los jóvenes ausentes tiene la intención de tender un puente entre ambos periodos, para comprender que la guerra no es nueva y que la desaparición ha sido una práctica ininterrumpida que se ha ido especializando.

El borrador del informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)2 contiene una base de datos de los desaparecidos durante la Guerra Sucia. El nombre de Rodolfo Reyes Crespo aparece como el primer detenido desaparecido. En la ficha de la Dirección Federal de Seguridad localizada en el Archivo General de la Nación lo acusan de haber participado en la planeación del secuestro de Fernando Aranguren Castillo. La firma Miguel Nazar Haro (político mexicano, antiguo titular de la antigua Dirección Federal de Seguridad) está fechada el 24 de diciembre de 1973. Viene acompañada con fotografías de Rodolfo con golpes en el rostro y una playera manchada.

Enrique Velázquez, quien fue abogado de presos políticos y que acompañó la lucha de las familias que buscaban a sus desaparecidos, señala que ha escuchado versiones de testigos que aseguran que Rodolfo fue asesinado en el Campo Militar número 1, aunque el cuerpo nunca apareció. A la madre la torturaron frente a su hijo Rodolfo y ella murió tiempo después. No hubo nadie más que haya continuado la búsqueda.

En 1977 se intensificó la práctica de la desaparición para tratar de extinguir a los grupos guerrilleros urbanos que habían surgido en la ciudad de Guadalajara. Aunque hubo desapariciones en el oriente de la ciudad de Guadalajara, como el caso del señor Jorge Reyes Mayoral Jáuregui, la estrategia se concentró prioritariamente en el barrio El Zapote, donde había jóvenes que apenas comenzaban a militar o que sólo simpatizaban con algún grupo armado.

En el diario El Sol de Guadalajara se publicó el 18 de febrero de 1977, que en la colonia Oblatos hubo una balacera y que habían detenido a dos integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, Jorge Carrasco, de 20 años de edad, y Víctor Arias de la Cruz. Jorge era obrero de la Tabacalera Mexicana y su salario era para ayudar en los gastos de su familia. Leticia Carrasco, hermana menor de Jorge, explica a 40 años de distancia que las listas oficiales de la FEMOSPP nunca se depuraron y que probablemente eran sólo 19 desaparecidos. Ella recuerda lo siguiente:

“Detienen a Francisco Mercado y continúan, tú sabes que los sometían a torturas y por la labor de vigilancia, espionaje y lo que hacía la DFS, (que era la dependencia encargada de perseguir la disidencia) se siguen con los demás jóvenes que se conocían entre sí desde la infancia y tenían lazos de parentesco, amistad, los lazos que se crean por vivir en el mismo barrio. Sí los conocía directamente, y pues la desaparición de todos ellos se da entre febrero y abril de 1977, rapidísimo, sí, si acaban con la brigada (que participaba en la Liga Comunista 23 de septiembre)”.

La estrategia que se utilizó en El Zapote está basada en el principio contrainsurgente de “quitarle el agua al pez”, es decir, eliminar a la población que sirve como medio para la proliferación de la guerrilla. Los documentos que obtuvo Leticia Carrasco en el Archivo General de la Nación corroboran que las detenciones las hicieron elementos de la Dirección Federal de Seguridad o policías locales que enviaban a los detenidos a la ciudad de México, ya fuera a cárceles clandestinas o al Campo Militar número 1. A partir de ahí no se volvió a saber de su paradero.

Una de las detenciones en el barrio El Zapote fue la de Francisco Mercado Espinoza. Luego se llevaron a jóvenes con los que tenía amistad desde la infancia por vivir en el mismo barrio. A Guillermo Bautista, de 17 años, lo desaparecieron por ser sobrino de Alfonso Guzmán Cervantes, aunque apenas comenzaba a militar en la Liga Comunista 23 de septiembre. A Miguel Ángel, quien era más joven que Guillermo, se lo llevaron por acudir a una reunión con Alfonso. “Algunos no tenían que ver con la guerrilla, lo sabían (los policías) y aun así se los llevaron (…) en los informes redactan, ‘éste sólo ha repartido periódico’, ‘éste sólo es simpatizante’, y aun sabiendo, los desaparecieron”, cuenta Leticia Carrasco.

El día que María Luisa Carrasco se enteró de la desaparición de su hijo Jorge, se movilizó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República ubicadas entonces en Av. De La Paz cruce con Av. Unión. Leticia Carrasco recuerda que los guardias le dijeron a su madre, “sabe qué, señora, no están y váyanse porque también a ustedes les puede pasar algo’. Ya con eso podemos ver que los jóvenes que detenían pasaban ya a ser manejados por la Dirección Federal de Seguridad”.

Antes de la detención de Jorge Carrasco, a su padre lo desaparecieron durante un mes para torturarlo y presionarlo para que dijera dónde estaba su hijo. Eso le provocó retraimiento y complicaciones nerviosas, además de que perdió su empleo en una fábrica. En el Zapote, los vecinos se alejaron por el temor de que hubiera represalias, ya que cada vez que llegaban hombres armados era para llevarse a algún joven del barrio. Posteriormente el señor consiguió trabajo que le permitió sustentar a la familia y pagar los viajes de María Luisa para buscar a su hijo.

Leticia Carrasco reflexiona que todas eran amas de casa de 30, 40 años de edad que tuvieron que enfrentarse a situaciones que nunca en su vida contemplaron, como movilizarse a la Ciudad de México o donde hubiera protestas, hacer huelgas de hambre, asistir a reuniones con funcionarios o incluso con el presidente de México. “Todas sus movilizaciones tuvieron repercusiones en la familia porque implicaba que a los demás hijos los dejas solos, los descuidas, tienes que dejar atrás lo que hacías cotidianamente, son señoras que con trabajo tenían la primaria y tuvieron que hacer cosas que no imaginaban, incluso politizarse”.

La señora Felícitas o “Doña Felis” como le decían de cariño, era cercana a la familia Carrasco ya que su hijo Alfonso Guzmán era amigo de Jorge Carrasco. El primero fue detenido por la policía Municipal de Zapopan el 27 de febrero de 1977. Al día siguiente se llevaron a Jorge Carrasco. En la prensa apareció la noticia de que Alfonso había sido baleado, pero en el Hospital Civil negaban que estuviera ahí. Un empleado le confesó a Doña Felícitas que sí había estado ahí un joven de nombre “Alfonso Guzmán Cervantes”, pero que ya se lo habían llevado a la ciudad de México. La siguiente desaparición fue el 15 de abril de 1977 se llevaron a Guillermo Bautista Andalón, que tenía 17 años, estudiaba primer semestre de preparatoria y era sobrino de Alfonso. Por lo tanto, Doña Felícitas tuvo que buscar a su hijo y a su nieto.

Con el Comité Pro Defensa estuvieron los abogados Alejandro Herrera Anaya y Enrique Velázquez, quienes en casos de desaparecidos interponían amparos y hacían gestiones de todo tipo. Enrique cuenta que por las gestiones que hicieron lograron que apareciera gente:

“En una ocasión hablamos con [el gobernador] Flavio Romero de Velasco y me mandó a José Luis Álvarez, el subprocurador, a Salvador Cárdenas, procurador, y a José Leal Sanabria, para lo político. Planteamos la cosa de desaparecidos, ellos llamaron al Ejército, a Presidencia y aparecieron como 30 personas vivas. A unos los consignaron en San Luis Potosí, entre ellos Israel Gutiérrez, a quien sacaron del Campo Militar 1. A los otros los consignaron en Oblatos, les hicieron expedientes y les fijaron una fianza de entre 12 mil y 18 mil pesos. Me dieron el dinero y ya fui por ellos, los encontré todos shockeados, sólo uno se veía en sus cabales, los demás no sabían qué pasaba. Les dije que iban a ponerlos en libertad, pero la condición era que no participaran ya en los grupos armados, ni dieran entrevistas, ni se aprovechara esto como logro político o de propaganda del Comité. Quedó perfectamente entendido. Nunca he vuelto a saber de ellos”.

Leticia Carrasco recuerda que desde la desaparición de su hermano Jorge Carrasco, su madre María Luisa lloraba a gritos todos los días. “Era una angustia, para todos. Y bueno más para mí porque me quedaba ahí, mis hermanos andaban en la escuela, trabajando y yo siempre pegada a mi mamá”. La señora María Luisa se deprimió de manera permanente, la vida cotidiana se trastocó y se volcó a participar en las actividades del Comité Pro Defensa. Todos los domingos había reunión en la casa de Don Luciano Rentería, esto se prolongó por años. Buscó por décadas hasta que envejeció y no pudo continuar. Ella sigue viva. Las otras mujeres murieron sin tener el remanso de saber qué pasó con sus hijos.

Con las madres y padres de desaparecidos y presos políticos se solidarizaron el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria (CIP-CP) y el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL), apoyando en la difusión de información urgente que no se publicaba en ningún medio de comunicación. En 1979 se creó el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), en el que participaban 54 organizaciones. Particularmente el CIP-CP y Punto Crítico impedían que los partidos políticos de izquierda tomaran decisiones y que el horizonte lo decidieran las familias. Este frente ayudó a impedir más desapariciones de quienes eran perseguidos por el gobierno.

Leticia Carrasco considera que no se aprendió nada de la época de la Guerra Sucia. “El Estado vio que podía hacernos lo más horrible sin que pasara nada”. El discurso de que sólo desaparecen a los que “en algo andaban” funcionó a la perfección con la supuesta guerra contra el narcotráfico, de manera que los desaparecidos se sienten como ajenos, se les elimina como sujetos morales y se les convierte en “enemigos” a aniquilar. “Ellas (las madres) hicieron lo que tenían que hacer. Si no se presentó con vida a los muchachos, no es por ellas, nos compete como sociedad pensar por qué no supimos solidarizarnos en su momento y por qué el problema sigue”.

Algunos desaparecidos de Jalisco son:

Víctor Arias de la Cruz

28 de febrero de 1977

Raúl Mercad o Martínez

6 de abril de 1977

Guillermo Bautista Andalón

15 de abril de 1977

Miguel Ángel Sánchez Vásquez

7 de abril de 1977

Daniel Ávila Saavedra

23 de junio de 1977

Donaciano Ramírez Rojas

23 de junio de 1977

Fernando Guzmán Cervantes

27 de septiembre de 1977

José Guadalupe Cervantes Flores

23 de junio de 1977

Maximino García Cruz

1 de junio de 1977

Irma Yolanda Cruz Santiago

1 de abril de 1977

Ricardo Madrigal Sahagún

15 de abril de 1977

Bibliografía

Castellanos L. (2007). México armado 1943-1981. México: Era., p. 201-202.

CIDH. (2014). Derecho a la verdad en América. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/derecho-verdad-es.pdf

Carvajal, V. (2003), Ellas son fuerza: Las mujeres del Comité Eureka-Jalisco. Tesis de la licenciatura en sociología por la Universidad de Guadalajara.

Notas al pie de la página

1 . Según un informe sobre “la guerra sucia” realizado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, consultado en National Security Archive. Disponible en: http://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm

2 . Kate Doyle desclasificó el informe y lo publicó en National Security Archive. Disponible en: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/120-Derecho%20a%20la%20verdad.pdf