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Personas Migrantes en Tránsito Desaparecidas en México

Personas Migrantes en Tránsito Desaparecidas en México

Dr. Rafael Alonso Hernández López
Mtra. Mariana Morante Aguirre

“Buscamos vida en los caminos de la muerte”
Eva Ramírez

 

En 2010 en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos fueron encontrados con disparos, huellas de tortura y sin documentos que los identificaran. Al principio, el Gobierno Federal argumentó que todas las personas encontradas formaban parte de una organización criminal, “Los Zetas”. Sin embargo, tal como se descubrió a los pocos días, los 72 cuerpos encontrados eran personas migrantes – 58 hombres y 14 mujeres – que viajaban clandestinamente por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este hecho causó revuelo en los medios de comunicación y el país se horrorizó ante la violencia y crueldad mostradas. Lamentablemente, en México, tragedias como esta no son la excepción, sino que se han convertido en parte de la cotidianidad de miles de personas que cruzan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Este artículo busca exponer, desde la experiencia de FM4 Paso Libre, las formas en que el Estado mexicano, en medio de una fatídica guerra “contra el narco” en la que las personas migrantes cruzando por el país se ven inevitablemente involucradas; y a través de prácticas y políticas migratorias profundamente contradictorias y en esencia, racistas, ha marcado a los cuerpos de las personas migrantes como aquellos que pueden ser “desechados”, “desaparecidos”, y “descartados”. Lo anterior ha provocado una crisis humanitaria, en la que los cálculos más conservadores estiman que en México existen más de 10 mil personas migrantes desaparecidas.

Migración en tránsito, el rostro de una crisis humanitaria de grandes magnitudes.

El fenómeno de la migración en tránsito por México está directamente relacionado con las dinámicas sociopolíticas y económicas de los países de origen y los de destino. Hoy en día las migraciones se presentan bajo su forma más lacerante, es decir, obligadas y forzadas por las lógicas de acumulación de capital, pero también por la amplia degradación política y social en la región. En este fenómeno, Centroamérica se ha convertido en las últimas décadas en un constante expulsor de población que a diario transita por la extensa geografía nacional.

De manera particular, la migración en tránsito constituye por sí misma un fenómeno con un grado complejidad superlativo, pues se trata de personas en movimiento, en un intervalo geográfico-temporal ubicado entre el salir del origen y llegar al destino. A esta condición se adiciona el hecho de que dicho tránsito se realiza en la clandestinidad, en los márgenes del poder del Estado, con lo cual, la vulnerabilidad de los sujetos se acrecienta.

La población migrante en tránsito ingresa a México fundamentalmente por los espacios fronterizos de Tabasco y Chiapas que colindan con Guatemala. En dichos estados tienen la posibilidad de acceder al ferrocarril de carga para asirse al mismo y continuar su trayecto hasta el interior del país por tres corredores ferroviarios, Golfo, Centro y Pacífico, cada uno con derroteros específicos hasta llegar a ciudades fronterizas con Estados Unidos.

El tren por sí mismo es una de las expresiones más contundentes de la vulnerabilidad de las personas migrantes, por tratarse en primera instancia de un transporte de mercancías no ideado para el transporte de personas, por transitar espacios controlados por bandas criminales, y por la persecución de las autoridades mexicanas.

A fin de entender las condiciones en las que se efectúa la migración en tránsito por México es necesario destacar el peso que tienen las políticas de carácter restrictivo implementadas por el Estado mexicano en los últimos años, con lo cual no solo se promueve la migración irregular (debido a la dificultad que tienen las personas para acceder a un permiso oficial)  si no que se crea un escenario de desprotección y vulnerabilidad que incrementa el riesgo para las personas migrantes. Por supuesto que estas políticas tienen su origen y en gran medida se legitiman por la posición geopolítica de México, por su dependiente relación económica y política con Estados Unidos, lo que ha ocasionado que su política migratoria gire en torno a las necesidades y coyunturas del país vecino (Córdova, 2008).

Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el tema de la seguridad y migración se convirtieron en ejes estratégicos de la relación bilateral México-Estado Unidos. Esto trajo como consecuencia la securitización del tema migratorio y por lo tanto la criminalización de la población migrante. Como consecuencia de ello, se generaron condiciones que facilitaron el desarrollo del negocio criminal de las redes de traficantes y tratantes (Herrera-Laso, Artola, 2011).

Para México, la migración no estuvo vinculada al aparato de seguridad nacional sino hasta los años ochenta, cuando se iniciaron rondas de deportaciones de Estados Unidos hacia América Latina, acompañadas, tal como lo señala Casillas (2008) por la exigencia y demanda del gobierno de Estados Unidos para que México controlara los flujos provenientes desde la frontera sur mexicana. Desde entonces, las leyes, acuerdos binacionales, y prácticas migratorias han estado vinculadas a la política de seguridad nacional, no solo de México, sino también de Estados Unidos. Algunas de ellas:

1 – La creación del Instituto Nacional de Migración (INM) en 1994, y su incorporación al aparato de seguridad nacional en 2005. Con esta incorporación el INM fue facultado para colaborar activamente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) compartiendo bases de datos, y provisto de facultados de prevención y contención de amenazas en contra de la seguridad nacional. Todo ello señalando a la población migrante como una amenaza potencial.

2 – La iniciativa Mérida, presentada como un programa de cooperación entre Estados Unidos y México para “apoyar” la guerra en contra del narcotráfico pero que se ha convertido en una estrategia de seguridad a lo largo de todo el territorio nacional, particularmente a través de la securitización y militarización de la frontera sur (Seelke y Flinkea 2014).

3 – La ley de migración aprobada en 2011, si bien se refiere en sus primeros párrafos a la construcción de un marco institucional basado en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sigue enmarcando a la migración en tránsito como una amenaza de seguridad nacional.

4 – Ese panorama se complejiza aún más en el año de 2014 cuando el presidente Peña Nieto decretó la puesta en marcha del denominado Plan Integral Frontera Sur, que en el papel se suponía protegería a los migrantes que cruzan por nuestro país. En ese sentido, las acciones de dicho programa estarían encaminadas a garantizar la seguridad de la región sur del país, de las vías de tren y de los migrantes. Se anunció además el desarrollo de acciones de inteligencia para desarticular bandas del crimen organizado que dirigen redes de trata, tráfico de personas, extorsión y secuestro a migrantes. El fortalecimiento de fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, ministerios públicos especializados, la participación de las comisiones estatales de Derechos Humanos. Así como esfuerzos conjuntos con albergues operados por la sociedad civil.

Sin embargo, las primeras acciones cubiertas por el programa se centraron justamente en la inversión en infraestructura ferroviaria, decantado en medidas de seguridad no para los migrantes, pero sí para los trenes y las mercancías que transportan. A la par de ello, se hicieron constantes las redadas del Instituto Nacional de Migración apoyado por la policía Federal, el ejército y en algunos casos la Marina. El resultado: el incremento de la vulnerabilidad, mayor exposición al riesgo, diversificación de rutas, invisibilidad de nuevo y desapariciones de migrantes.

El asedio por parte de las autoridades migratorias tuvo como escenario no sólo las vías del tren, los operativos se extendieron incluso a ciudades y pueblos donde ordinariamente se concentran los migrantes para esperar movilizarse, además de llevarse a cabo, incluso en las inmediaciones de los albergues, comedores y centros de atención humanitaria. De acuerdo a la información de estas organizaciones el impacto del programa fue tal, que en algunos casos, su atención se redujo hasta en un 50% desde la puesta en marcha del programa. Lo cual, no significaba que los migrantes estuvieran dejando de internarse en el país, sino que como se dijo anteriormente, comenzaron a buscar nuevas alternativas, la mayoría de ellas, más riesgosas, en razón de la necesidad de ocultarse de los operativos migratorios, la población migrante está improvisando estrategias, caminando por días y semanas, en espacios geográficos inhabitados, con climas extremos, en los que aparte de la vulnerabilidad natural que suponen estos espacios, se potencia la vulnerabilidad por la impunidad y en este nuevo contexto, la invisibilidad con la que operan grupos delictivos que atacan a los migrantes. Generando así un escenario propicio para la desaparición, frente a la cual, ninguna instancia, organización o persona pueda hacer algo. Así pues, los migrantes, ya de por sí vulnerables, se han vuelto invisibles.

Dentro de las situaciones más cruentas evidenciadas en los reportes sobre migración en tránsito, se documentó en 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Primer Informe Especial sobre Secuestros a Migrantes, contabilizando en tan sólo 6 meses 9,758 secuestros, con un promedio de 33 eventos y 1,600 víctimas por mes. Por año, la proyección muestra que pueden tratarse de 400 eventos con 18,000 víctimas. En cuanto al monto del rescate, el promedio se estima en 2,500 dólares, variando entre 1,500 y 5,000 dólares. El beneficio que el crimen organizado obtiene se calcula en 25 millones de dólares con las 9,758 víctimas que muestra el informe (CNDH, 2009).

Para el año 2011 la CNDH replicó el esfuerzo realizado en el 2009, con el Segundo Informe referente a secuestro de migrantes en México. Se contabilizaron en seis meses 11,333 víctimas en 214 eventos (CNDH, 2011). De manera desafortunada, desde esa fecha no ha habido reporte de instancia pública alguna que dé seguimiento a la crítica situación de las personas migrantes en tránsito por México expuestas a estos actos delictivos, mismos que a partir de los testimonios recabados con migrantes, terminan siendo una clara evidencia de la práctica de desaparición en nuestro país. Siguiendo los testimonios, podemos afirmar, de manera desafortunada, que una persona que no logra que paguen su rescate, simplemente termina desaparecida.

Las y los invisibles en la migración…

Al acercarnos a la tragedia de las personas migrantes desaparecidas en México, la primera característica que sobresale es que no existen cifras que den certeza sobre el número de personas migrantes que “desaparecen”, en dónde lo hacen, y quiénes son responsables de ello. Las cifras acumuladas a lo largo de 10 años van desde los 10 mil, uno de los números más conservadores, hasta los 70 mil. No existen bases de datos confiables, mucho menos unificadas entre la Federación y los gobiernos estatales. Tampoco una metodología para el registro, ni mecanismos efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Esta omisión deja a las personas migrantes en tránsito por el país, a merced de la corrupción e impunidad de distintos actores gubernamentales, y de grupos del crimen organizado.

El migrante en tránsito se vuelve un sujeto sobre el que recaen múltiples vulnerabilidades. Encontrarse en un país sin documentación alguna, sin poseer el estatus de ciudadano y por la clandestinidad en la que se da su migración, parecen ser justificantes bajo los cuales se aminora la gravedad de su desaparición y legitima la falta de actuación por parte de las autoridades.

En noviembre de 2016 se llevó a cabo la doceava caravana de madres migrantes por México en la que familiares de personas migrantes desaparecidas recorren el país en busca de sus seres queridos que desaparecieron mientras transitaban México para llegar a Estados Unidos. Organizadores de estas caravanas calculan que en México, a lo largo de los 12 años que llevan realizando esta actividad, han desaparecido más de 70 mil personas migrantes. Su búsqueda se vuelve aún más complicada dado que los cruces son clandestinos, y por tanto, alejados, en su mayoría, de las instituciones gubernamentales. Solo en algunas ocasiones, existen registros de dichas personas en casas de migrantes en las que se alojan temporalmente.

La cifra más conservadora, dada a conocer en agosto de 2016 por el Padre Alejandro Solalinde, del albergue “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca, apunta que a lo largo de 10 años han desaparecido en México más de 10 mil migrantes. Aunque reconoce que este resulta un estimado en extremo conservador y que no es posible conocer las cifras exactas dado que las “desapariciones” son rara vez reportadas; además, identifica al grupo criminal de “Los Zetas” como el principal perpetrador de estas desapariciones. Las personas migrantes, empujadas hacia caminos clandestinos y rutas cada vez más peligrosas se ven envueltos también en las dinámicas de los grupos del crimen organizado, cuyas actividades no se limitan al tráfico de drogas, sino que abarcan el secuestro, la extorsión, y el tráfico de personas.

En 2014, el portal del medio digital Animal Político titulaba uno de sus reportajes “México: sin datos oficiales sobre migrantes desaparecidos”. En éste se señala que la PGR contaba con 20 mil restos humanos sin identificar entre 2006 y 2012, pero no hay manera de saber si entre ellos hay migrantes; la CNDH registraba 21,091 personas migrantes víctimas de secuestro – hasta 2011 – pero no hay registro de cuántos fueron encontrados, o si estaban vivos o muertos.

La crisis humanitaria que se vive en materia de migración por supuesto que alcanza a las diferentes modalidades en que ésta se da. Aunado al hecho de las políticas restrictivas que fomentan la migración irregular, el acecho del crimen organizado o grupos delincuenciales, se encuentran también factores que adicionan riesgo de desaparecer para las personas migrantes, por supuesto en consonancia con los dos mencionados. Nos referimos al factor geográfico-ambiental, dado que los migrantes en su desplazamiento clandestino, tratando de huir de la contención migratoria del Estado mexicano, o del crimen organizado, están propensos a desaparecer en terrenos a veces inhóspitos, abandonados o controlados por el crimen.

Alrededor del mundo se han hecho esfuerzos por documentar las “desapariciones” de las personas migrantes. Uno de ellos es “Missing Migrants”, una iniciativa de la Organización Internacional de la Migración. En lo que respecta a México, los casos se documentan en dos partes: las ocurridas en la frontera de México con Estados Unidos – compiladas con información de las oficinas de los sheriffs y examinadores médicos de los condados fronterizos, así como de los reportes en las noticias -, y las ocurridas en México y Centroamérica, a través de reportes de dichos gobiernos. La tabla 1 muestra los datos recabados por esta organización sumando mexicanos y centroamericanos de 2014 a 2016. En dos años, la suma es de 2,350.

Tabla 1. Migrantes Desaparecidos

Tabla de Migrantes Desaparecidos

Fuente: elaboración propia con datos de Missing Migrants.

Como el resto de los datos, estas cifras no son exactas, y han sido reunidas por una organización internacional. Ante la falta de información, datos, mecanismos de búsqueda que den certeza y/o faciliten, por lo menos, la visibilización de la magnitud del problema, resulta fundamental que nos preguntemos ¿cuál es la historia detrás de esta omisión? ¿a qué apuntan estas cifras? o mejor dicho, ¡la falta de las mismas! de mecanismos de búsqueda y de bases de datos confiables. Desde la perspectiva de este artículo, este vacío informativo, es el resultado de dos factores: primero, de un contexto generalizado de violencia, producto de la llamada “guerra contra el narco” en el que la problemática de las personas desaparecidas no es exclusiva de las personas migrantes en tránsito por nuestro país; y segundo, de una política migratoria vinculada al aparato de seguridad nacional del país que no hace sino aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito al obligarlas a desplazarse clandestinamente por caminos y formas de transporte cada vez más peligrosos. Estos dos factores, argumentamos, son resultado de un poder específico del Estado moderno, el poder de “dejar morir” a grupos específicos, en este caso, a la población migrante en tránsito.

El Estado moderno ha desarrollado mecanismos a través de los cuales las personas pueden ser clasificadas y gobernadas. Es entonces cuando, de acuerdo con Foucault (1976), surge la “población” como problema político, como uno que necesita ser controlado, regulado, y medido, lo que ha llevado a la creciente gubernamentalización del Estado; es decir, al desarrollo de técnicas y herramientas estadísticas cada vez más sofisticadas, y con ellos, a la obsesión por medir, contar y clasificar a los distintos grupos sociales. Para Foucault, con estas transformaciones, el gran poder del Estado, dejó de ser el de enviar a las personas a la guillotina, para convertirse en el de “dejar vivir o dejar morir” (p. 256). Es decir, el de poder indicar, a qué “poblaciones” beneficiar a través de programas y la protección de sus derechos y a cuáles dejar sin éstos.

Además, y continuando con Foucault, este Estado resulta intrínsecamente racista al construir amenazas a la población – internas o externas – que solo pueden ser resueltas con “la eliminación de la amenaza biológica” (como se citó en Foucault, 2003, p. 256). Esta eliminación, aclara Foucault, no significa necesariamente “el asesinato como tal, sino el incrementar el riesgo de muerte para ciertos grupos, o simplemente, la muerte política, la expulsión, el rechazo (…)”.  Y este es precisamente el caso de las personas migrantes en tránsito a quienes el Estado primero define como una “amenaza a la seguridad nacional”, para después obligarlos a transitar por el territorio sin registro de su entrada, negando entonces de facto cualquier responsabilidad en la protección de sus vidas y derechos humanos.

La máxima expresión de esta desprotección a la que se exponen las personas migrantes quedó manifiesta en el caso del joven migrante chiapaneco Maximiliano Gordillo, quien el 7 de mayo de 2016, en su viaje migratorio hacia Playa del Carmen, Quintana Roo, en busca de trabajo fue detenido en el punto de verificación de Chablé, Tabasco por agentes del Instituto Nacional de Migración alegando que era guatemalteco. A la orden de uno de los agentes, lo bajaron del autobús en que viajaba y le pidieron mostrara su documentación que acreditara su legal estancia en el país. Maximiliano mostró un acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población, pero no le creyeron, con el contrargumento de que eran papeles falsos. Mientras esto sucedía, el chofer del autobús, acostumbrado a estas revisiones para detener a migrantes, continuó su camino para dejar a Maximiliano y 3 compañeros más abandonados a su suerte (Mendoza, 2016). Tras 52 días de desaparecido, el joven indígena apareció con vida, gracias a la intensa campaña nacional e internacional que realizó su familia y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

Resulta pertinente afirmar, que no es la primera vez que agentes de migración mexicana son acusados de confundir a población mexicana con centroamericana, además de retenerlos como hacen con la población extranjera.

Tal y como lo hicieron de manifiesto las organizaciones que acompañaron el proceso, tal acontecimiento revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país. Pero también nos recuerda que la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implica a una sociedad civil consciente y movilizada” (CDHFBC, et al, 2016). Esta forma de violencia que impacta en la vida de la persona y familia de quién desaparece, se agudiza por la incapacidad del Estado, su inoperancia e indolencia, frente a un hecho de tal envergadura, al grado incluso, de volverse una carga más.

La guerra contra el narco, contra los mexicanos, contra los migrantes, contra todas y todos…

“El sello de la vida cotidiana en México ha sido la de la violencia desmedida”, la Revista Nexos (2017) inicia así una reflexión acerca de los eventos que han marcado al país desde aquel 11 de diciembre de 2006, cuando 7 mil efectivos del ejército fueron asignados en Michoacán, al inicio de la llamada “guerra contra con el narco”, decretada por el entonces presidente Felipe Calderón y continuada hasta el día de hoy por Enrique Peña Nieto. Algunos de los resultados a 10 años de su inicio están a la vista y han sido señalados y documentados por académicos, organizaciones de la sociedad civil, y periodistas.

Diez años después, más de 97 mil homicidios vinculados al crimen organizado (Guerrero 2017), más de 40 mil soldados desplegados y 30 mil policías federales, (Escalante 2017) han ido construyendo un país distinto. Una de las consecuencias más visibles de esta fallida estrategia en “contra de las drogas”, ha sido, como lo señy con ellos ala Héctor de Mauleón (2017), el surgimiento de grupos criminales como “Los Zetas”, un nuevo modelo de operación criminal en el que se apoderan de las rutas del narcotráfico, y con ello, de una amplia gam de “negocios” que van desde la piratería hasta la trata de personas.

Desde entonces, las personas migrantes en tránsito por nuestro país que viajan en la clandestinidad hacia Estados Unidos, muchas veces por las mismas rutas del narcotráfico, se han convertido en uno más de los negocios de los grupos del crimen organizado. Dado que en su mayoría no existen registros oficiales de su paso de las personas migrantes cruzando por nuestro país, se han convertido en víctimas de secuestro, trata, e incluso a ser forzados a transportar, sembrar o producir drogas. Todo ello, sin la protección del Estado que, por el contrario, ha desarrollado una política migratoria vinculada al aparato de seguridad nacional que no ha hecho sino incrementar su vulnerabilidad ante este contexto generalizado de violencia.

Conclusión

El contexto generalizado de violencia y el marco regulatorio en materia de migración en México, así como la falta de cifras, mecanismos de seguimiento y búsqueda de las personas migrantes nos hablan de una omisión por parte del Estado mexicano. Omisión que termina por invisibilizar a las personas que cruzan por México y no es en absoluto inocente, sino que se encuentra basada en una concepción política y social que niega a las personas migrantes en tránsito su carácter de sujetos políticos, y por tanto, sujetos de derechos.

Desde esta perspectiva apuntan a un Estado que con una lógica profundamente racista, elige, como estrategia, “dejar morir” a las personas migrantes cruzando nuestro país. Las personas migrantes en tránsito son frecuentemente representadas como una “masa” empobrecida, homogénea y peligrosa moviéndose a través de México. Es precisamente esta imagen, construida a través de políticas migratorias diseñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y de imaginarios socioculturales profundamente racistas, que a las personas migrantes se les despoja de una identidad política, es decir, son vistos, en el mejor de los casos, como sujetos de caridad, y no como sujetos de derechos. Es justo esta concepción lo que ha habilitado un escenario en el que sus vidas no importan, y por tanto, pueden “desaparecer”.

Las situaciones aquí enunciadas hacen de nuestro país, un escenario propio para la desaparición de personas migrantes. Es por dicha razón que el esfuerzo que realizan las organizaciones de la sociedad civil por atender, acompañar y contener la crisis humanitaria que también se hace manifiesta en la desaparición de migrantes es de suma importancia. En ese sentido, el registro y documentación que las organizaciones de sociedad civil dedicadas a brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes en tránsito, se vuelve imprescindible para visibilizar sus historias y trayectorias, para coadyuvar en la localización de las personas desaparecidas, y para presionar a los gobiernos tanto federales como estatales y locales a construir mecanismos de búsqueda transparentes y efectivos.

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