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SILENCIO Y MÁS SILENCIO:

UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Jorge Narro Monroy

En agosto de 2007, Ignacio J. Álvarez, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), presentaba así el Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información:

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos ha cumplido en ello un rol fundamental. Hace menos de un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo.1

El derecho a la información comprende —dice el investigador Sergio López-Ayllón tres facultades interrelacionadas: las de buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas, de manera oral o escrita, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento. E incluye las libertades tradicionales de expresión e imprenta, pero —agrega— “es más amplio debido a que extiende la protección no sólo a la ‘búsqueda’ y ‘difusión’, sino también a la ‘recepción’ de informaciones, opiniones o ideas por cualquier medio” (López Ayllón, 2000).

El silencio

El miércoles 11 de marzo de 2015, Sergio Ramírez Robles, a la sazón director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv),2 recibió un oficio del defensor (interino) de la Audiencia del propio Sistema, Julio César Hernández Gutiérrez, quien había sido nombrado horas antes.

En el oficio, de media cuartilla, Hernández recomendaba a Ramírez que la programación de “C7JALISCO, del 5 de abril al 8 de junio” contemplara, entre otras cosas, la “Eliminación de información electoral de los noticieros [y el] Condicionamiento de no tocar temas electorales para los programas de opinión”. El defensor no ofrecía un solo argumento que justificara una recomendación no sólo insólita, sino violatoria de la Constitución y de las leyes.

Horas después, Ramírez Robles respondió al oficio recibido sin pedir explicaciones y a través de un solo párrafo: “[…] serán atendidas sus recomendaciones de forma íntegra haciendo las modificaciones necesarias en nuestras barras de programación”.

Al día siguiente, Sergio Ramírez Robles sería presentado como nuevo Secretario de Comunicación Institucional del pri Jalisco. Y tres meses después se celebrarían las elecciones de diputados locales y federales y de munícipes…

La queja

Frente a los hechos descritos arriba, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el 21 de mayo siguiente presentaron una queja ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (ine) en Jalisco.3

Un mes después, el 20 de junio —y sin haber recibido respuesta del ine— la Amedi y el Cepad decidieron llevar su reclamo a otras autoridades: al gobernador Aristóteles Sandoval, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (cedhj), al contralor del Gobierno del Estado, al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y al relator especial para Libertad de Expresión de la cidh.

Los argumentos que esgrimía la queja fueron los siguientes:

  1. […] la decisión de eliminar de la programación la información derivada del proceso electoral violenta diversos derechos humanos4 consagrados en la Carta General de la República, en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano y que, desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, forman parte del orden jurídico del país.”

  2. Entre las obligaciones que tienen las autoridades de nuestro país se encuentra la que menciona el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

  3. En el caso que nos ocupa, las autoridades del sjrtv decidieron no garantizar el derecho a la información, tal como se los obliga el numeral de referencia, así como el artículo 6, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

  4. […] los comentarios generales 34 y 25 del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establecen también: Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados partes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información.

  5. En su Observación General número 25 sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, el [citado] Comité se refirió detalladamente a la importancia de la libertad de expresión para los asuntos públicos y el ejercicio efectivo del derecho de voto: La libre comunicación de informaciones e ideas acerca de cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas, así como de informar a la opinión pública, sin censuras ni limitaciones.

  6. […] la restricción al derecho de la ciudadanía a estar informada sobre el proceso electoral federal y local contradice […] el criterio reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) respecto al ejercicio de la libertad de expresión para la participación política: Se ha mencionado la relevancia que tiene la libertad de expresión para los fines del proyecto democrático. La información y la opinión contribuyen a nutrir el pensamiento y sustentar las decisiones de los ciudadanos, que se manifiestan tanto en los procesos electorales como en el desempeño político y administrativo ordinario. Conviene, pues, abrir los cauces de la expresión —sin perder de vista el marco que suministra la propia Convención— en el curso de las campañas electorales que preceden a la toma de decisiones populares a través de los comicios.

Pero el sjrtv —sostienen la Amedi Jalisco y el Cepad— no sólo violó la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, signados por México,5 sino que ¡violó su propia normatividad! Específicamente, el artículo 4º de su Ley Orgánica, que dice:

El Organismo tendrá como objeto:

IV. Proporcionar información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes del Estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales;

V. Informar a la sociedad sobre los acontecimientos relevantes de carácter político, económico, social, cultural y aquéllos que sean de interés de la población, en los ámbitos local, nacional e internacional;

[…]

VIII. Fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información pública.

Más silencio

Hasta hoy —más de medio año después de interpuesta la queja— sólo tres dependencias han respondido: la oficina del Gobernador, la cedhj y la Contraloría General del Estado. Y todas “pasando la bolita”.

La primera en hacerlo fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Felipe Álvarez Cibrián. Dos cosas dijo. Primera: “[…] se aprecia que [su] escrito [se refiere al documento con la queja] carece de firma autógrafa por lo que el mismo carece de validez”. Segunda: “[…] su queja tiene íntima relación con el proceso electoral […], asunto contra [sic] el cual lamentablemente carecemos de competencia para intervenir”. Y cita el artículo 6º de la ley “que rige este organismo”.

La primera razón para sacudirse la queja es juridicista y formal. En lugar de subsanar la omisión —en aras de proteger los derechos violentados— la usa como pretexto para ignorarlos. Luego esgrime un argumento que exhibe una inadmisible ignorancia jurídica: el derecho cuya violación denuncian la Amedi y el Cepad ¡es el de información! ¡No es un derecho de índole electoral!

La oficina del gobernador turnó el asunto a la Secretaría de Cultura (dado que el sjrtv está sectorizado en esta Secretaría, cuyo titular es presidente de la Junta de Gobierno del propio sistema). Myriam Vachez, la secretaria de Cultura, ni le hizo caso al Ejecutivo (su jefe) ni le respondió a la Amedi y al Cepad. No obstante que ambas organizaciones le enviaron una misiva el 8 de septiembre:

Tenemos conocimiento de que usted recibió el oficio de canalización con folio ASER 12366-15 fechado el 26 de junio de 2015, firmado por el Lic. Ricardo René Villarreal Villarreal, Director de Atención Ciudadana del Estado de Jalisco, para efecto de:

“… atender el asunto en referencia, agradeciéndole la gentileza de informar tanto al interesado como a un servidor, la resolución adoptada, pues es un compromiso del C. Gobernador del Estado, el brindar una atención eficiente y oportuna a la ciudadanía”.

En dicho oficio se observa que le agradecerán a usted emita su respuesta antes del 26 de julio de 2015, sin que a la fecha los suscritos hayamos recibido ningún tipo de comunicación o respuesta de su parte, pese al tiempo transcurrido para que usted cumpliera la solicitud del C. Gobernador del Estado.

No obstante el tiempo transcurrido sin que tengamos respuesta, le solicitamos atienda a lo dispuesto en el Oficio descrito en el párrafo anterior y en los próximos días nos transmita una respuesta satisfactoria a lo solicitado.

La Contraloría General del estado también se deshizo de inmediato de la papa caliente. El 13 de julio, a través de un oficio, respondió que no resultaba competente “para conocer de los hechos en cuestión” y que a quien le asistía la competencia para atender, investigar y determinar lo conducente en lo que ve al actuar del C. Sergio Ramírez Robles, como entonces Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión o en su caso demás personal dependiente del mismo organismo, es al propio Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (sjrtv) a través de su Junta de Gobierno, conforme a lo mencionado en la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

Conclusión

Silencio frente a un proceso electoral que concernía a todos pero que se anticipaba difícil —por decir lo menos— para el gobierno del estado y su partido. ¿Silencio para alimentar —o al menos contribuir— al desinterés de la población respecto de los comicios? Recordemos que la abstención solía favorecer al partido que tiene más “voto duro”: ¿el pri?

Silencio frente a una queja que esgrime argumentos del tamaño de la Constitución de la República y de la estatal. Y, en la primera, argumentos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

¿Silencio? ¡No! Ruidosísima incongruencia. La del defensor de la Audiencia que la agrede, la del Sistema de radio y tv que cierra ojos, oídos y boca no sólo respecto de lo que ocurre en el entorno sino de su propia normatividad, la del ombudsman que no defiende los derechos humanos de las y los jaliscienses sino una limitadísima interpretación de la ley, la de la secretaria de Cultura que ignora no únicamente a un par de organizaciones de la sociedad civil sino a su propio jefe…

¿Y el ine? ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y el relator de la onu y el de la cidh? ¿Qué pasa con ellos que ni siquiera han dado acuse de recibo?

Si se viola impunemente, si se hace caso omiso de un derecho tan fundamental y obvio como el de estar informados “sobre los acontecimientos relevantes de carácter político” (Artículo 4º de la Ley Orgánica del sjrtv), ¿qué se puede esperar de las autoridades respecto de los otros derechos humanos?

Notas

1La cidh pertenece a la Organización de Estados Americanos (oea). El estudio puede consultarse en: http://cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf

2 Organismo Público Descentralizado (opd) por decreto del Congreso del Estado de Jalisco, publicado el 7 de diciembre de 2013.

3 Antes, el 16 de abril, la Amedi Jalisco se había pronunciado a través de su sitio Web institucional (www.amedijalisco.org.mx): “El sjrtv violenta el derecho de sus audiencias al negarse a cubrir las elecciones”.

4 Éstas y las siguientes cursivas son del autor.

5 Y que hoy son parte de la propia Constitución en su Artículo 1.